Petro abrió la puerta a que el Estado reactive la compra de oro a los mineros: ¿para qué?

El presidente Gustavo Petro instó al mismo Gobierno a tomar medidas decisivas para combatir la economía ilícita que, según él, no se limita únicamente a la hoja de coca, sino que también comprende la minería del oro.

En este sector, según él, el pequeño minero ha sido atrapado por mafias tras la aprobación del Código de Minas, obligándolos a recurrir a tecnología pesada, que es propiedad de organizaciones criminales.

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El mandatario colombiano subrayó la necesidad de implementar estrategias para fortalecer al pequeño minero y volver lícita la actividad. Entre las soluciones propuestas por Petro está la posibilidad de que el Estado retome la compra de oro como mecanismo de regulación y cambio del panorama actual, cuestionando de manera retórica: “¿Cómo cortamos esa cadena y cómo volvemos a fortalecer al pequeño minero?”.

La conformación de una comisión investigadora para reformar el sector y cambiar la dinámica económica ilícita fue otra de las sugerencias hechas por el líder colombiano.

El contexto de esta problemática se remonta a principios de siglo con la aprobación del Código de Minas en el Congreso de la República, evento que, según el presidente Petro, descentralizó la minería del oro y dejó a los pequeños mineros en una posición de desventaja, empujándolos hacia la ilegalidad y la influencia de las organizaciones delictivas.

Se busca que la nueva iniciativa estatal no solo normalice las prácticas de extracción de oro, sino que también rescate a las comunidades afectadas por la economía ilícita, devolviéndoles el control y la dignidad de sus labores.

La situación del sector minero en Colombia es objeto de preocupación a nivel tanto nacional como internacional, por su asociación con problemas ambientales, sociales y de violencia relacionados con la lucha territorial y la financiación de grupos armados ilegales.

La explotación de oro de aluvión en Colombia, asociada a la presencia de grupos armados ilegales, fue revelada en un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), presentado por su representante, Candice Welsch, el 21 de noviembre del 2023.

Aunque se registró una disminución del 4% en la superficie explotada sobre este, que es el que se extrae de ríos en donde se encuentra mezclado con arena, grava o arcilla, el estudio muestra un significativo incremento de la explotación ilegal en un 73% en el año 2022, equivalente a 5.000 hectáreas adicionales en comparación con el 2021.

La investigación, analizada por Insight Crime, resalta la situación en departamentos del sur del país, como Putumayo y Caquetá, donde la minería ilegal aumentó un 11%. El 72% de las áreas con explotación constante se encuentra bajo control ilegal.

Este fenómeno se atribuye al atractivo de la alta rentabilidad del oro en el mercado internacional, lo cual motiva a los grupos criminales a incrementar su influencia en estas áreas para beneficiarse económicamente. Candice Welsch destacó la convergencia de la minería ilegal con otros delitos, como el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas, ejecutados por estas organizaciones delictivas.

El informe también señala que más del 50% de la minería de oro aluvial ocurre en áreas de especial protección o vetadas para la minería. De este porcentaje, el 88% corresponde a zonas de resguardo indígena y comunidades étnicas, lo que subraya un impacto directo en los derechos y territorios de estos pueblos.