Una resolución del Tribunal Superior de Bogotá que se divulgó el miércoles 13 de diciembre de 2023 confirmó la continuidad del fiscal 132 especializado en Justicia Transicional Álvaro León Polo Hincapié al frente de una investigación clave contra el paramilitarismo en Colombia, que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con el informe del diario El Tiempo, el tribunal rechazó una recusación presentada por la defensa de Jacinto Alberto Soto Toro, implicado en el manejo financiero de la organización paramilitar y señalado por tener en su poder la contabilidad de la casa de los hermanos Castaño, desde donde se habrían ordenado múltiples crímenes en contra de la población civil durante la década de 1990.
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El fiscal 95 delegado ante el Tribunal Superior, Mario Montes Giraldo, estuvo a cargo de la decisión en segunda instancia, cuyo fallo es definitivo y no admite recurso alguno, según consta en el documento replicado por el citado medio.
“Declarar infundada la recusación presentada en contra del fiscal 132 especializado, por el apoderado del sindicado Jacinto Alberto Soto Toro, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Entérese a los sujetos procesales de la presente decisión, de conformidad con la sentencia C 641 de 2002”, se leyó en la determinación judicial, firmada por Montes Giraldo.
La decisión en el caso en el que se involucra a Álvaro Uribe
El caso está centrado en el parqueadero Padilla, escenario del hallazgo de registros contables en 1998 que se ha relacionado con la figura del exmandatario Uribe, debido a las presiones denunciadas por Soto Toro y la petición de la defensa del expresidente para que se indagaran esas afirmaciones.
Y es que llama la atención, según cuenta El Tiempo, que de parte del ex jefe de Estado se insistió en investigar al fiscal del caso, para así desenredar este asunto. No obstante, dicha solicitud no habría prosperado y a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que participaron el allanamiento al parqueadero Padilla los amenazaron o mataron, de acuerdo a la información conocida.
No obstante, la instancia judicial destacó que no existe evidencia de que el fiscal Polo Hincapié hubiera ejercido presión sobre el procesado para involucrar al exmandatario. El despacho 132 especializado de Justicia Transicional retomará así su función en la fase final de la investigación por concierto para delinquir agravado, que apunta hacia el juicio correspondiente.
“Para garantizar el principio de imparcialidad y en desarrollo de los postulados constitucionales, a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio la persona del fiscal ni del juez”, se señaló en la providencia, reproducida por el mencionado medio de comunicación.
En consecuencia, esta situación dejó al responsable original del caso, Polo Hincapié, al mando de un proceso que podría revelar conexiones profundas en la financiación del paramilitarismo en el país. Y, del mismo modo, enfatizó la inexistencia de pruebas sobre una hostilidad entre el fiscal y el acusado, que era un punto clave para reafirmar la imparcialidad del proceso judicial.
La decisión sobre la recusación, sumada a la falta de notificación de la resolución a la defensa de Soto Toro, según afirmaciones del abogado penalista Jorge Rodríguez Galvis, abrió preguntas sobre las etapas siguientes del proceso y el impacto que este podría tener en los esfuerzos por esclarecer la historia del paramilitarismo colombiano.
Mientras tanto, el equipo de Polo Hincapié avanza en la consolidación de la acusación para dirigirse a juicio, con la atención de la opinión pública, pendiente del desarrollo de las acciones legales en uno de los expedientes más resonantes sobre grupos armados ilegales en Colombia.
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