El contralor delegado del sector Minas y Energía, Germán Castro, manifestó su inquietud ante la incapacidad económica de los comercializadores de energía en Colombia para satisfacer la creciente demanda del servicio.
Según las declaraciones que dio el funcionario a Caracol Radio, la situación actual presenta un panorama preocupante, en el que los recursos disponibles son insuficientes frente a las necesidades del mercado.
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Según Castro, a pesar de que se han implementado algunas medidas por parte del Gobierno nacional, estas aún siguen siendo insuficientes, después de haber logrado recaudar entre uno y dos billones de pesos, cuando el déficit asciende a seis billones.
Así mismo, alertó sobre la falta de nuevos proyectos de generación de energía que respondan al incremento anual de la demanda, que oscila entre un 5% y 6%, mientras que la oferta de energía solo crece un 2% a 3%.
El funcionario hizo énfasis en la necesidad de aumentar la capacidad de generación y facilitar la financiación para cubrir el actual déficit energético a mediano plazo. Esta brecha entre la demanda y la capacidad de suministro podría llevar a una crisis energética si no se toman acciones inmediatas y eficaces. “Hay algunas soluciones del Gobierno, pero se han conseguido 1 o 2 billones de pesos cuando el problema es de 6 billones”, subrayó Castro.
Cabe resaltar que el crecimiento de la demanda de energía es un reflejo del dinamismo de la economía, pero también representa un desafío para el sector que requiere una inversión constante y significativa. Las declaraciones del contralor delegado ponen sobre la mesa la discusión sobre la sustentabilidad y la viabilidad del sector energético en Colombia, temas que son cruciales para el desarrollo del país y el bienestar de la población.
El contralor además emitió una alerta sobre un posible apagón en el país, haciendo referencia a las condiciones similares a las que condujeron al gran apagón de 1992. “La gran preocupación es que tenemos unas señales parecidas a las de hace 30 años cuando hubo un gran apagón y no queremos que se repita”.
Subrayando la importancia de prevención, el contralor exhortó al Gobierno nacional a adoptar medidas regulatorias para disminuir la demanda de energía por parte de los ciudadanos. Y enfatizó en la necesidad de agilizar los procesos burocráticos para permitir la operación de nuevas plantas de energía solar, con el objetivo de diversificar las fuentes de energía del país y mitigar el riesgo de futuros apagones.
Este llamado viene en un momento crítico, en el que la infraestructura eléctrica del país muestra señales de estar bajo tensión, lo que podría resultar en cortes masivos de electricidad similares a los que se vivieron hace tres décadas. De acuerdo con el contralor, es esencial que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que la historia se repita y asegurar la sostenibilidad energética a largo plazo.
Contraloría insta al Gobierno a diseñar un plan de transición energética prudente
La Contraloría General de la República instó al Gobierno nacional a implementar una transición energética que no comprometa el patrimonio económico del país. Esto pone en relieve la necesidad de hallar alternativas para los ingresos que proporciona actualmente el sector minero-energético, el cual aporta más de 80 billones de pesos al año y es sostén significativo de empleo y productividad nacional.
En el análisis presentado, se pone de manifiesto la preocupación por cómo se compensarán los ingresos y los empleos que genera el sector minero-energético. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, destacó que existen más de 2,500 licencias en etapa de exploración.
Y advierte que: “si a esas no se les otorga licencia de explotación significa que en siete años se verán los impactos reales en la economía en ingresos y generación de empleo”. Zuluaga también enfatizó sobre la importancia de respetar las licencias ya aprobadas y sugirió considerar la extracción de minerales con menor impacto ambiental para sustituir los ingresos del sector.
La edición 370 de la revista Economía Colombiana de la Contraloría también argumenta a favor de la necesidad de una planificación cuidadosa y estratégica durante el proceso de transición energética y sugiere un análisis profundo del impacto económico que tendrá el reemplazo de las fuentes tradicionales de energía. Esto implica estudiar detenidamente las consecuencias de no otorgar nuevas licencias de explotación y cómo se pueden equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente.