El 11 de diciembre de 2023, se conoció que un grupo especial de la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en las oficinas de la Cancillería, como parte de la investigación disciplinaria en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La pesquisa se centra en posibles irregularidades en la licitación para la adjudicación del contrato destinado a la expedición de pasaportes.
Este proceso en el Ministerio Público se inició hace una semana, tras la renuncia de Martha Lucía Zamora, entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Su dimisión se produjo después de un enfrentamiento con el canciller, que lideraba el proceso de licitación.
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.
“La Procuraduría General de la Nación viene a la Cancillería a adelantar diligencia de inspección para recolectar el medio de prueba en virtud del cual se desarrolló la audiencia del Comité de Conciliación en el proceso de los pasaportes”, explicó Esiquio Manuel Sánchez, Delegado de la Sala de Instrucción de la Procuraduría, en RCN Radio.
De acuerdo con la Procuraduría, la funcionaria habría sido objeto de agresiones verbales y acusaciones de no querer salvaguardar los intereses del presidente de la República, Gustavo Petro. En ese contexto, ella alegó que fue cuestionada por no “defender los intereses del primer mandatario”.
Estos supuestos incidentes ocurrieron en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Según la versión de Zamora, el canciller Álvaro Leyva la increpó por intentar llegar a una conciliación en la demanda presentada contra Colombia por el contratista encargado de gestionar el macrocontrato.
Cabe señalar que Jorge Leyva, hijo del ministro de Relaciones Exteriores, también fue involucrado en el escándalo, con posibles vínculos e intereses relacionados con la licitación de pasaportes. En la diligencia de inspección llevada a cabo el lunes 11 de diciembre, se intenta obtener información crucial para esclarecer las circunstancias en las que se llevó a cabo todo el proceso.
Las razones por las que la Procuraduría inspecciona la Cancillería
La Procuraduría llevó a cabo una inspección en la Cancillería con el propósito de obtener acceso a la grabación de la audiencia del comité de conciliación.
Ya que, la unión temporal de empresas había presentado una solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial. Esta petición fue una respuesta a la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, con el objetivo de evitar la adjudicación de contratos a ofertas con un único proponente.
Tras la detención de la licitación por parte de la administración nacional, la multinacional británica buscó una reparación económica, argumentando que esta situación administrativa le ha causado daño reputacional, por lo que planteó la solicitud de una compensación de $107.000 millones, junto con una cantidad adicional de $10.000 millones para cubrir el perjuicio reputacional que afirman haber sufrido debido a esta controversia.
El propósito principal de Thomas Greg & Sons en esta solicitud de conciliación era lograr la declaración de nulidad de la resolución 7485 de 2023, que declaró desierta la licitación pública.
En dicha audiencia, Martha Lucía Zamora participó para llegar a un acuerdo con la firma y así evitar la demanda por un total de $117.000 millones.
De esta manera, el objetivo de la diligencia por parte de la Procuraduría es examinar las actas suscritas en cada reunión, con el fin de determinar posibles irregularidades en el proceso.
Martha Lucía Zamora señaló posibles irregularidades en la Cancillería
La exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, presentó denuncias relacionadas con la participación de funcionarios de la Cancillería en la discusión sobre la licitación de pasaportes.
Silvia Carrizosa, directora de Talento Humano, fue señalada por solicitar la prescindencia de los servicios de Germán Calderón España, apoderado designado por el canciller Álvaro Leyva Durán, durante el Comité de Conciliación.
Carrizosa insistió en que Calderón expusiera una postura oficial sobre la propuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar posibles condenas, pero ante la negativa del apoderado, la funcionaria propuso discutir la cancelación del contrato como asesor de la Cancillería.
Calderón, al ser consultado por el diario El Tiempo, negó su participación en la creación de la resolución de declaratoria de desierta y afirmó que su contratación fue para defender los intereses de la Cancillería. Aseguró haber informado a Álvaro Leyva sobre la situación y contar con su respaldo.
Por otro lado, Juan Carlos Losada, mencionado por Zamora por su presunta asistencia a una reunión con Jorge Leyva, hijo del canciller, negó la presencia de terceros y empresarios interesados en la licitación de pasaportes.