Procuraduría investigará contrato de la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros: podría afectar al metro de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

El objeto de tal contrato es brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.

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Pero para el órgano de control, con la firma de ese acuerdo se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales, lo cual no le correspondería a la ANI planear ni modificar.

“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.

Según explicó la Procuraduría, el contrato podría impactar proyectos férreos territoriales, como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los RegioTram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.

Además de abrir la investigación contra vicepresidente encargado de la ANI, también se hará lo propio con los gerentes de Proyectos de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.

El órgano de control también investigará si todos estos funcionarios incurrieron en una infracción a la Ley de Contratación al, supuestamente, haber entregado de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI sin haber convocado a un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar.

Por otra parte, el Ministerio Público también encontró una presunta falta de planeación porque aparentemente en el contrato firmado no se realizó un análisis a profundidad que justificara el valor fijado.

Para el órgano de control no se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de $1.871 millones de pesos, cantidad que resulta extraña para la Procuraduría por la naturaleza del contrato y porque fue dejada al criterio del contratista.

Un fiscal del grupo especial para el caso Odebrecht formuló una nueva imputación contra Luis Fernando Andrade Moreno.

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura fue acusado de cometer el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Andrade, quien ya enfrenta un juicio por otra causa relacionada con Odebrecht, suma con esta un total de tres procesos judiciales en su contra.

Estas acusaciones previas se asocian con posibles malas prácticas en los procesos de contratación con la empresa Odebrecht, e incluyen proyectos como la construcción del puente Plato sobre el río Magdalena. Con esta tercera acusación, Andrade deberá afrontar nuevos retos legales, lo que destaca el progreso de las investigaciones sobre las operaciones de la constructora brasileña en Colombia.

La Fiscalía sostiene que hay evidencias de actuaciones irregulares de Luis Fernando Andrade Moreno, exdirector de la ANI, en la aprobación de ocho adendas (otrosíes) al contrato de concesión 001 de 2010 para la Ruta del Sol II, sin los estudios completos requeridos, beneficiando al consorcio contratista donde participaba Odebrecht.

Estas modificaciones incluyeron rebajas en especificaciones técnicas, alteraciones en cronogramas y prórrogas que favorecieron financieramente al contratista, la omisión de sanciones y multas significativas, la inclusión de obras adicionales y cambios en las formas de pago.

Igualmente, se comprometieron recursos no autorizados y se produjo una desvinculación de bienes públicos a precios inferiores a los establecidos. Todo ello habría perjudicado económica y contractualmente al Estado, beneficiando a la concesionaria, aunque Andrade no ha aceptado los cargos imputados.