Trabajadores del sector público muestran su inconformidad ante la insuficiencia en el aumento de sus salarios

El ajuste del salario mínimo para el próximo año en Colombia podría no superar el 11%, situación que genera disconformidad entre los trabajadores públicos del país. Según la comisión tripartita que ajusta anualmente este indicador económico, este incremento se considera insuficiente para atender las necesidades de manutención de millones de hogares colombianos.

Germán García, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet), ha instado al Gobierno a replantear el mecanismo de fijación del salario mínimo. El líder sindical, cuya organización representa a más de 11.000 trabajadores, expresó su descontento con el proceso actual, pidiendo que se termine con lo que denomina una práctica de “hablar por hablar” en las negociaciones.

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La comisión tripartita, conformada por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, es la encargada de establecer el salario mínimo en Colombia.

Cada año, esta negociación marca la pauta económica para una amplia base de la población que depende de esta cifra para organizar su economía doméstica. El posible aumento del 11% se considera por muchos como insuficiente frente a la realidad económica del país.

La discrepancia salarial entre los aumentos del salario mínimo y los incrementos salariales en el sector público ha llevado a una insatisfacción laboral, según declaraciones de representantes sindicales. La crítica apunta a que los empleados del sector público no ven reflejado en sus sueldos los mismos porcentajes de aumento que aquellos establecidos para el mínimo, quedando por detrás sistemáticamente en los últimos años.

Así mismo, el representante sindical, Germán García, expresó su preocupación al señalar que el incremento del salario mínimo, que oscila entre el 10% y el 12%, es considerablemente más alto que el ajuste salarial para trabajadores del Estado, que se sitúa entre 1 y 2 puntos porcentuales por debajo.

Esta situación resulta en que estos empleados reciban entre 60.000 y 100.000 pesos menos de lo correspondido por el incremento del salario mínimo. García también cuestionó el hecho de que los ajustes salariales a nivel gubernamental no siguen la misma tendencia alcista que el sector privado, lo que causa un “aumento hacia el piso y no hacia arriba”, como él considera que debería ser.

Además, se menciona que la tendencia de incrementos menores en el sector público ha sido constante durante los últimos 5 o 6 años, provocando que los trabajadores del Estado experimenten un retroceso económico. Ejemplo de ello es que, si el Gobierno anuncia un aumento del 10% en el salario mínimo, en el sector público este incremento es solo del 8,5%, reflejando una pérdida de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales en el salario real de dichos trabajadores.

La discrepancia se presenta también en el sector privado, donde los trabajadores observan que, aunque hay un aumento del salario mínimo, sus sueldos se mantienen por debajo de este umbral, generando insatisfacción.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, reveló que más de 10,5 millones de trabajadores en el país reciben un salario mínimo o incluso una cifra inferior. De este colectivo, solamente alrededor de 2,6 millones perciben el salario mínimo oficial de 1.160.000 pesos mensuales.

El resto de los trabajadores afectados, que superan los 7,9 millones, posiblemente obtengan ingresos que están por debajo de la remuneración mínima establecida por ley para Colombia. Esta situación subraya la disparidad entre los ingresos legales y la realidad económica de una gran proporción de la fuerza laboral colombiana.

La divulgación de estos números por parte de la ministra de Trabajo supone una llamada de atención sobre las condiciones laborales y el poder adquisitivo de millones de colombianos. Hace eco a las preocupaciones existentes sobre la calidad del empleo y el cumplimiento de la normativa laboral.

Las implicaciones de esta situación son extensas, no solo afectando el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino que también podría repercutir en la estabilidad económica general al limitar el consumo y la capacidad de ahorro de una parte significativa de la población.