El Pacto revela cuáles son sus preocupaciones frente a la profesionalización de la carrera diplomática

Colombia está en camino de modificar la selección de su cuerpo diplomático mediante una iniciativa legislativa que busca incrementar el mérito como criterio principal en la designación de embajadores y cónsules. Los representantes David Racero, del Pacto Histórico, y Vladimir Olaya, del Centro Democrático, son los autores de este proyecto que pretende profesionalizar estas posiciones y disminuir los nombramientos políticos o “a dedo”.

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Actualmente, el 80% de las designaciones para altos cargos del servicio exterior pueden realizarse de forma discrecional y solo el 20% por merito según lo establece el Decreto 274 del 2000. Sin embargo, Racero le dijo a El Tiempo que la nueva propuesta legislativa, avalada tanto por miembros de la coalición de gobierno como de la oposición, tiene como eje central cambiar la fórmula para que sea solo 20% “a dedo” y 80% por mérito. Para Racero “lo sustancial es que apelamos al criterio de mérito de manera preferencial para la selección y escogencia de las altas dignidades del servicio exterior colombiano”.

Esta propuesta responde a una larga discusión sobre la necesidad de contar con un servicio diplomático basado en la preparación y experiencia en lugar de favores políticos. Se espera que la profesionalización traiga como resultado una representación más eficiente y preparada de Colombia en el ámbito internacional. Aunque la atención actualmente esté puesta sobre la reforma de la salud que avanza en el congreso, este tipo de proyectos legislativos buscan tener un impacto significativo en la administración pública del país.

Se plantea un cambio significativo que contrasta con la realidad impuesta por el decreto vigente. Al posicionar la meritocracia como piedra angular del servicio exterior, se persigue una mayor efectividad y transparencia en la política exterior colombiana. Aún resta que el proyecto sea debatido y aprobado en las sesiones plenarias del Congreso de la República, lo cual determinará el alcance final de esta reforma en el servicio diplomático del país.

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) manifiesta preocupación por la eficacia de un proyecto de ley ante la falta de voluntad política. La presidenta del sindicato, María Angélica García, le dijo a El Tiempo la importancia de una voluntad política sólida para que cualquier cambio legislativo en la carrera diplomática sea verdaderamente efectivo, dirigiendo sus dudas hacia las continuas demandas relacionadas con los nombramientos en embajadas y cuestiona si la nueva legislación reducirá esta problemática.

A pesar de reconocer los esfuerzos del Congreso por debatir la idoneidad de los nombramientos, García destaca ciertas fallas técnicas en el proyecto de ley que requieren atención. Entre estos problemas técnicos, ella señala la confusión en el texto entre el rango y el cargo de embajador. Además, destaca García, existe el riesgo de que el proyecto fortalezca la provisionalidad en los nombramientos diplomáticos, algo que considera ha sido tratado como norma más que como excepción en diferentes gobiernos.

La presidenta de Unidiplo advierte de la posibilidad de que la actual redacción del proyecto pueda ser declarada inaplicable debido a su interpretación ambigua sobre el rango y el cargo de embajador. La diferencia radica en que el rango es una posición a la que se asciende cada cuatro años, mientras que el cargo se refiere a la designación como jefes de misión, que a menudo ha sido ocupado por políticos en lugar de diplomáticos de carrera. Esta distinción incorrecta podría derivar en la inadmisibilidad del proyecto.

En conclusión, García insiste en la necesidad de una reforma técnica y conceptual del proyecto. Sin una clara separación entre los conceptos de rango y cargo, así como sin una dirección política comprometida con la funcionalidad y la meritocracia en el servicio exterior, cualquier cambio legislativo podría ser insuficiente o incluso contraproducente para los intereses de la carrera diplomática y consular.

La propuesta genera controversia debido a cuestionamientos sobre la inclusión de la palabra ‘confianza’ y la posible bipolaridad de concursos, lo que podría repercutir en la provisionalidad y el sistema de mérito en la carrera administrativa.

El término ‘confianza’ usado en el proyecto ha suscitado preocupación en voces como la de García, quien argumenta que su uso podría introducir un alto grado de subjetividad en la selección. García le dijo al mismo medio de comunicación que se inquieta por la posibilidad de dos concursos diferentes: uno para la carrera administrativa y otro para los provisionales que podrían acceder a rangos superiores de forma más directa, cuestionando así el principio de mérito. “Nos queda la duda: ¿vamos a tener dos concursos (...) para que entren por rangos más altos, saltándose todo el mérito y los escalafones?” plantea García, subrayando los posibles vacíos que podrían fortalecer la provisionalidad sobre el mérito.

Por otro lado, Racero, defiende el proyecto destacando la intención de priorizar el mérito por encima de otros factores en la asignación de puestos. Con respecto a la provisionalidad, aboga por su reducción, a fin de privilegiar a funcionarios con trayectoria en la administración pública. “En el deber ser, uno tendría que reducir la selección de esa provisionalidad para darles más lugar a aquellos funcionarios que ya vienen con el historial en su carrera administrativa”, expone Racero, proponiendo un tratamiento diferenciado que promueva la estabilidad y reconocimiento de la experiencia.

El debate en torno al proyecto en la Cancillería toca un aspecto neurálgico de la gestión pública: el equilibrio entre eficiencia y equidad en la selección de sus funcionarios. La discusión sobre cómo estructurar los concursos de méritos y el tratamiento de la provisionalidad permanecerá abierta, reflejando los desafíos actuales en el fortalecimiento de un sistema de carrera que valore la experiencia sin sacrificar la transparencia y la competencia justa. La resolución de estas cuestiones será clave para la consolidación de una administración pública basada en la meritocracia y la profesionalización.

En medio del debate sobre la profesionalización de la diplomacia colombiana, surgen propuestas para exigir requisitos mínimos a los embajadores provisionales, entre ellos, ser profesional, tener ciudadanía colombiana y dominio de un segundo idioma. Sin embargo, voces como la de García argumentan que estas condiciones no son suficientes, al considerar la necesidad de 25 años de experiencia en política exterior, similares a los requeridos para embajadores de carrera. El proyecto aún enfrenta tres debates en la Cámara de Representantes para su definición y posible ajuste.

La discusión se centra en la diferencia entre los embajadores provisionales y los de carrera, enfatizando en la importancia del mérito y la profesionalización. Racero destaca que, aunque el proyecto no estipula un nivel de detalle respecto a la experiencia, se buscará alcanzar consenso en función de estos principios durante los debates restantes. La participación de Unidiplo en este proceso se anuncia como un actor interesado en asegurar que los intereses políticos no predominen en las decisiones finales.

Actualmente, de los 59 embajadores jefes de misión en Colombia, solo el 33.9% son de carrera, señalando un aumento de dichos nombramientos de 168 a 257 desde 2015 hasta 2023, según Diplomacia Abierta. Estas cifras evidencian un cambio en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores que parece direccionarse a una mayor profesionalización de la carrera diplomática en el país.

En el contexto de esta reforma, la comunidad diplomática y los observadores continúan atentos al desarrollo de las siguientes fases legislativas, con la plenaria de la Cámara como próximo escenario de discusión en donde se abordarán los criterios definitivos que regirán el nombramiento de embajadores y se determinará el futuro inmediato de la diplomacia colombiana.