El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció, a través de un comunicado a la opinión pública el 7 de diciembre, que apelará el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aceptó su sometimiento como “sujeto funcional y materialmente incorporado a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004″. Esto después de las críticas 68 organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados de la fuerza pública rechazando este fallo.
“Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me situa, sino como un debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y defnitiva de estos procesos”, se lee en el comunicado de Mancuso
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En este, advierte que su apelación se sustenta en cinco argumentos: la “inseguridad jurídica prevaleciente”, en la “inviabilidad de separar o escindir mi rol de bisagra de mi función como comandante de las AUC, esto es, sin ser militar, como un sujeto material y funcionalmente incorporado a la fuerza pública por el diseño y ejecución continuas de operaciones militares conjutas entre los grupos de autodefensas y la fuerza pública”.
El tercer argumento es el “fraccionamiento de la competencia prevalente y exclusiva de la JEP”; el cuarto, “el enfoque marcocriminal de la JEP como juez natural, no la lógica de investigación y judicialización caso a caso que impide contribuir plenamente con la verdad en Justicia Y Paz, dadas sus limitaciones para juzgar a los actuales sujetos procesales ante la JEP, incluyendo militares y civiles implicados en macrocriminalidad”.
El quinto y último argumento de Mancuso es que el “sometimiento integral ante la JEP, dada la centralidad e interés superior de las víctimas, la satisfacción plena de sus derechos, la no fragmentación de la verdad, ni el esclarecimiento de los hechos, identificación, procesamiento y sanción máximos requeridos”.
En el comunicado de las 68 organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados de la fuerza pública, aglutinadas en la mesa de trabajo Fuerza Púrpura, advierten que la decisión de la JEP “contiene flagrantes prejuzgamientos y generalizaciones en contra de la fuerza pública como institución y en contra de todos sus miembros, pasados y presentes, actitud impropia de un tribunal o juez”.
También señalaron que con la resolución 3804, con la que se admitió el sometimiento de Mancuso a la JEP se “constituye una muestra más del trato discriminatorio en contra de la fuerza pública que ha venido siendo corriente en las actuaciones de la JEP”.
Además, advierten que “todos los criminales y delincuentes deben pagar por sus delitos penas consecuentes con la gravedad de estos; en ellos incluimos a los miembros de la Fuerza Pública que incumpliendo los mandatos legales se hayan apartado de la ley y le hayan fallado al compromiso con la patria”.
“No fueron las Fuerzas Armadas ni los Reservistas y Veteranos quienes tramitaron penas alternativas irrisorias para gravísimos crímenes de lesa humanidad. Nos oponemos vehementemente a todo trato preferencial a criminales y delincuentes, del origen que sea”
El comunicado de la mesa de trabajo Fuerza Púrpura se puede consultar a continuación:
Hay que recordar que el 4 de diciembre, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla emitió una nueva orden de captura contra Salvatore Mancuso, por crímenes registrados entre 1997 y 2005, cuando era comandante del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Dentro de estos delitos está el homicidio de personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia de género y reclutamientos, registrados durante esos años en Bolívar, Córdoba y Sucre.
“Esta Sala Especializada decidió imponer a varios postulados una nueva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1997 y 2005 (homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencias basadas en género, reclutamientos ilícitos y otros crímenes de guerra) en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Fueron más de 130 víctimas”
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