En la tarde del jueves 7 de diciembre de 2023 se dio a conocer, por parte del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, que Empresas Públicas de Medellín (EPM) deberá responder por una demanda interpuesta por la Sociedad Hidroituango. La medida está basada en el incumplimiento en los plazos de entrega de unas obras que hicieron parte del contrato BOOMT.
Así las cosas, la empresa antioqueña deberá responder por la suma de 781.828 millones de pesos, más otros $2.547 millones por conceptos de costos, luego de haber sido hallada culpable de las demoras de los hitos 7, 8 y 9 del mismo vínculo. El contrato, que fue firmado en marzo de 2011, dejó a la EPM como la máxima accionista, ejerciendo como constructora y operadora del megaproyecto eléctrico.
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.
En medio de la audiencia, los demandantes argumentaron que la central pudo haber entrado a operar dentro de los plazos establecidos de no haber sido por la construcción de un túnel mediante el cual se buscaba desviar el río Cauca. De hecho, desde el bando de la Sociedad Hidroituango habrían manifestado en más de una ocasión que la realización de tal obra abarcaría múltiples riesgos.
Precisamente, sobre dicha situación, el Tribunal estableció que esa obra “no estaba contemplada ni autorizadas en la licencia ambiental inicialmente concedida” antes de la firma del contrato en 2011. Además, el ente fue claro en que desde la EPM avalaron la construcción de dicho túnel sin solicitar modificación alguna al documento que las autoridades encargadas habían expedido inicialmente.
Cabe resaltar que desde la Sociedad Hidrotuango, cuya composición accionaria abarca un 46,3% de la EPM, señalaron en la demanda interpuesta en 2021 que la EPM habría ordenado “iniciar y ejecutar” la construcción del túnel, cuando podía acordar con Hidroituango las modificaciones al Cronograma Director, y nuevas fechas de cumplimiento”. Esto sin asumir los riesgos económicos y de infraestructura que este representaba.
Así mismo, en el alegato expedido por el bando demandante se señala que en el momento en el que se firmó el contrato, los organismos encargados ya tenían conocimiento de los retrasos atribuibles a Hidroituango. Esta situación impedía que el río Cauca fue desviado antes de enero de 2013, como estaba inicialmente previsto.
No obstante, en medio del pleito que tomó poco más de dos años, desde la EPM habían manifestado que ellos habían dado a conocer los detalles que rodeaban el proyecto, así como solicitaron las aprobaciones pertinentes. Sin embargo, desde la entidad aseguraron que la Sociedad Hidroituango no presentó una solicitud para que se analizaran a fondo los riesgos que representaba la construcción del túnel.
“Desde el inicio mismo de la concepción de la alternativa del tercer túnel, EPM informó, socializó, compartió, anunció y solicitó aprobación de las inversiones a la sociedad (...) Si bien Hidroituango manifestó que no era necesaria la modificación del contrato Boomt para incorporar el SAD, sí puso de presente la necesidad de revisar la asignación de riesgos, pero nunca presentó propuesta alguna a EPM sobre el particular y esta actividad nunca se llevó a cabo”, indicaron desde la EPM.
Aníbal Gaviria también demandó a EPM
Cabe resaltar que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también radicó una demanda contra la entidad por los incumplimientos en la puesta en marcha de las turbinas 5, 6,7 y 8, cuya construcción aún continúa en marcha. Además, desde la administración departamental hicieron énfasis en las demoras en la entrega del hito 10 del contrato BOOMT. Esto, teniendo en cuenta que la entrada en operación de la unidad 8 del megaproyecto debía entrar en operación a “más tardar el 24 de junio de 2022″, objetivo que no se cumplió.