JEP deberá definir la situación jurídica de más de 100 militares vinculados a ‘falsos positivos’ en Huila

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a más de 100 militares vinculados a falsos positivos en Huila entre 2002 y 2008.

Estos militares no fueron seleccionados como máximos responsables en el caso 03 de la JEP, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, por lo que ahora, se deberá determinar qué sanción les es aplicable.

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Se trata de 103 uniformados adscritos a la Novena Brigada del Ejército Nacional o a las unidades tácticas que hicieron parte de su jurisdicción, quienes fueron llamados a rendir versión voluntaria ante la JEP. De ese grupo hacen parte soldados profesionales y suboficiales que se desempeñaron como comandantes de sección.

De acuerdo con una resolución de la Sala de Reconocimiento del alto tribunal, el propósito del traslado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, es que se tramite el proceso para determinar si frente a ellos procede alguna medida propia de sus competencias.

La Sala de Reconocimiento también ordenó determinar la situación de civiles que participaron bajo la supuesta condición de “orientadores en el terrero” o “informantes”, en operaciones militares en las que se cometieron homicidios bajo la modalidad de combate simulado.

Además, se tienen 453 personas que fueron mencionadas en informes de víctimas, versiones voluntarias, procesos penales u otro tipo de actuaciones de las que tuvo conocimiento la Sala, como posibles partícipes de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el departamento.

Cabe recordar que el 20 de noviembre de 2023, la JEP imputó a 35 integrantes del Ejército Nacional por falsos positivos en Huila.

Por crímenes de guerra y de lesa humanidad; tras 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas y, además, ocho tentativas de homicidio; fueron imputados oficiales retirados y activos de cuatro unidades del Ejército que operaron en el departamento, entre 2005 y 2008.

Como máximos responsables fueron imputados tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general(r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, que llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

Después de que 22 integrantes de la fuerza pública y un civil, en dos audiencias públicas, reconocieron ante la JEP responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la Sala de Reconocimiento de Verdad expidió las primeras resoluciones de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, en las que los imputados por falsos positivos fueron postulados para que el tribunal para que les imponga sanciones propias.

Adicionalmente, en los últimos meses de 2023, la Sala de Reconocimiento de la JEP avanzó en la emisión de dos nuevos autos de determinación de hechos y conductas. En el primer subcaso fueron imputados 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles por el asesinato de 303 personas que fueron presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate en Casanare.

Y, en Dabeiba se entregaron los cuerpos de once víctimas identificadas, 10 miembros de la fuerza pública también fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por asesinatos perpetrados en este municipio de Antioquia y en Ituango entre 2002 y 2006.

Frente a estas nuevas imputaciones, la Sala de Reconocimiento informó recientemente que en el caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, ocho comparecientes reconocieron por escrito su responsabilidad por falsos positivos.