*Carlota es una funcionaria que labora en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y ha tenido que vivir las consecuencias de la violencia en Colombia.
La funciona tuvo que ser vinculada al Registro Único de Víctimas (RUV) tras el asesinato de su padre ocurrido hace más de diez años y, en febrero de 2023, por el desplazamiento forzado que vivió en carne propia. Ahora, ha recibido amenazas a nombre de un grupo paramilitar que no le han permitido tener tranquilidad.
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El RUV es una herramienta del Estado que es utilizada para consolidar información mínima de personas identificadas como víctimas. Con esto, se integran las medidas de atención, asistencia y reparación integral contemplada en la Ley 1448 para garantizarles su seguridad.
Ante su crítica situación de seguridad como funcionaria pública, Carlota decidió solicitar a su dependencia un traslado o reubicación de su lugar de trabajo, sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que mediante una resolución le negaron la solicitud.
Su caso no quedó ahí, puesto que, en un intento por explorar otras alternativas tras la negativa de traslado de su dependencia, la mujer pidió protección. Sin embargo, esta también le habría sido negada, tanto en primera como en segunda instancia.
Su solicitud llegó a la Corte Constitucional, donde finalmente fallaron a favor de Carlota, garantizándole su derecho a la vida, integridad personal, debido proceso, acceso y permanencia en el trabajo público, y unidad familiar. Por lo tanto, se dio vía libre a un traslado bajo todas las condiciones de seguridad.
La corte enfatizó en el mal proceder de las entidades implicadas en dar solución al problema de seguridad que presentaba la funcionaria, indicando que no se debía archivar ni negar su traslado, debido a que estaban “exigiéndole a una persona certificada como víctima de desplazamiento forzado, que retorne al lugar donde recibe las amenazas en el que peligra su vida y la de sus hijos, o de lo contrario se expondría a una sanción que afectaría su empleo como funcionaria de carrera administrativa en la Secretaría de Seguridad de Bogotá”, según el comunicado sobre el fallo.
Mientras se concreta su nuevo lugar de trabajo y se define positivamente su situación, la corte ordenó que Carlota desempeñe sus funciones laborales desde casa.
El caso quedó en manos de la Comisión Nacional de Seguridad Civil, la cual se asegurará de que se cumpla el fallo, que además indicó que las decisiones previas de las otras entidades quedaban nulas.
Funcionarios de Unidad de Restitución de Tierras han sido objeto de amenazas
El caso de Carlota se suma al conocido el 24 de octubre de 2023, en el que se denunció que la secretaria General, Jaqueline Campos Rincón, y otros trabajadores de la Unidad de Restitución de Tierras habrían sido objeto de intimidaciones y amenazas por parte del Clan del Golfo.
“Desde hace varias semanas la alta directiva de la entidad viene siendo objeto de estigmatizaciones y montajes que atentan contra su dignidad e integridad y ponen en riesgo su vida y la de su familia. A ella le expresamos nuestra solidaridad y pleno respaldo”, sostuvo la URT mediante un comunicado
La entidad agregó en un segundo comunicado que las amenazas también han sido recibidas por funcionarios de otras dependencias, como la jurídica, por lo que solicitaron a las autoridades encargadas que avanzaran en el esclarecimiento de las amenazas y protección a los afectados.
“Estas amenazas no amedrentarán a funcionarios que, como la secretaria general, líder social y defensora de derechos humanos, han trabajado de manera íntegra y comprometida en beneficio de grupos criminales, quienes a lo largo y ancho del país han sembrado históricamente terror, muerte, desplazamientos y abandono forzado de tierras”, puntualizó la entidad.
* Carlota: nombre usado para respetar la identidad de la afectada
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