Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el paramilitarismo sí tuvo una injerencia directa en el nombramiento de Mario Iguarán Arana como Fiscal General de la Nación en el 2005.
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Macaco, que se encuentra en medio de diligencias para saber si es aceptado o no en el Tribunal de Paz, afirmó por medio de una recusación que la magistrada de la JEP Sandra Jeannette Castro tiene problemas de “apariencia de imparcialidad y también de imparcialidad objetiva”, ya que formó parte de la Fiscalía General de la Nación, señalando en el documento posibles lazos con exfiscales que serían mencionados en su testimonio.
Precisamente afirma en este punto que el exfiscal Mario Germán Iguarán Arana fue elegido en el importante cargo del ente acusador gracias a la influencia del paramilitarismo.
Hace casi una década el entonces representante coordinador de la investigación Orlando Clavijo indicaba que: “‘Macaco’ dice que no sabe, no conoce y no participó en la supuesta colecta” de cinco mil millones de pesos con el propósito de manipular la elección de Iguarán como Fiscal General.
Los narcos Johnny Cano y el Tuso Sierra habían afirmado que Macaco se había involucrado con el pago de sobornos a miembros de la Corte Suprema de Justicia para garantizar el ascenso de Iguarán.
Pero con la recusación emitida por la defensa del excomandante de las AUC se volvió a levantar el señalamiento de la participación del sanguinario grupo narcoparamilitar para incidir en la elección del Fiscal General del país en el 2005.
Entre tanto la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la recusación y ha mantenido la autoridad de la magistrada Sandra Castro en el caso de Macaco.
Cuestionamientos al exfiscal Iguarán
Durante la Fiscalía de Mario Iguarán, que abarcó de 2005 a 2009, se manejaron procesos significativos relacionados con la desmovilización de los grupos paramilitares, incluido el caso de Macaco. Además de su contribución al proceso de Justicia y Paz, Iguarán fue reconocido por su rol en la extradición de varios excomandantes paramilitares a los Estados Unidos, incluyendo a Macaco, bajo cargos de narcotráfico.
La extradición de Carlos Mario Jiménez y otros paramilitares generó controversia en Colombia debido a que estas se llevaron a cabo mientras los involucrados estaban en medio de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Grupos de víctimas y sectores de la sociedad civil expresaron su preocupación por el impacto que las extradiciones podrían tener en el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas.
Mario Iguarán, como fiscal general, defendió las extradiciones argumentando que estaban en línea con la ley colombiana y cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las extradiciones también fueron interpretadas por críticos como una estrategia para evitar que los exlíderes paramilitares revelaran conexiones entre grupos ilegales armados y sectores de la política y las fuerzas de seguridad del Estado.
Vale resaltar que la parapolítica fue un escándalo político en Colombia que salió a la luz en la década de los 2000, revelando nexos entre políticos y miembros del Congreso con grupos paramilitares de derecha, principalmente las AUC. Las investigaciones destaparon acuerdos bajo la mesa donde se negociaba apoyo político a cambio de beneficios electorales y se evidenciaba la infiltración del paramilitarismo en distintos niveles del Estado. Este periodo estuvo marcado por una serie de arrestos y condenas a varios políticos, modificando el panorama electoral del país.