El 66% de los conflictos sociales en el sector educativo se deben a infraestructura inadecuada y escasez de docentes

El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo reveló que el 66% de los conflictos sociales en los niveles de educación preescolar, básica y media están relacionados con la vulneración del derecho a la educación de niños y jóvenes en Colombia.

Así lo dio a conocer un informe dado a conocer en Pasto (Nariño), el cual evidenció que los eventos presentados se debieron a dificultades con infraestructura inadecuada, deficiencias en los servicios básicos, escasez tanto de personal administrativo como de docentes orientadores y personas de apoyo en los servicios generales.

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La entidad señaló que incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la falta de accesibilidad y las falencias en el servicio de transporte escolar, especialmente en zonas rurales, también contribuyen a estos conflictos sociales.

También indicó que frente a la aceptabilidad hay escasas o inexistentes posibilidades de educación para grupos poblacionales con necesidades educativas especiales, debido a su condición física o mental.

En materia de adaptabilidad o permanencia, el Observatorio de la Defensoría registró un aumento de la deserción escolar y el bajo o nulo acceso a nuevas herramientas tecnológicas, como el acceso a Internet.

Los datos recopilados entre enero del 2022 y junio del 2023 por la Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social evidenciaron un total de 284 eventos de conflictividad en el país, manifestados a través de concentraciones o movilizaciones (con el 39%) y bloqueos de vías (30%), de los cuales solamente el 11% resultaron en disturbios.

Los eventos, que ocurrieron en 131 municipios de 29 departamentos, sucedieron mayoritariamente en la región Andina (105 casos, para un 37%), la región Caribe (81, el equivalente al 29%) y Bogotá (59 casos, un 21% de los eventos). Luego estuvieron las regiones Pacífica (10%), Orinoquía (2%) y Amazonía (2%).

En el caso particular de la subregión del Pacífico nariñense, hay ausencia de enfoque étnico diferencial en las medidas y políticas educativas y baja calidad educativa, la cual se vio reflejada en los resultados de las pruebas Saber 11.

Frente a las dinámicas identificadas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Educación y las entidades territoriales para liderar las estrategias necesarias con miras a garantizar el pleno acceso al derecho a la educación y, con ello, prevenir el escalamiento violento de conflictos sociales.

Adicionalmente, les solicitó asegurar la disposición de los recursos para cumplir con las demandas en materia de mejora, construcción y adecuación de la infraestructura educativa, incluida la tecnología para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes.

Igualmente, los instó a articular esfuerzos interinstitucionales para que sea abordada la problemática del reclutamiento y utilización de niños y adolescentes como un factor crítico que incide en la deserción escolar.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2023 se han registrado un total de 1.080 conflictos sociales en el país, lo que representa un incremento del 34 %, en comparación con el mismo período del año 2022, cuando se registraron 804 eventos similares.

Y tan solo en la última semana de septiembre, hubo 34 eventos de conflictos sociales. Las comunidades que se manifestaron con alta incidencia conflictiva en distintas zonas del país lo hicieron principalmente a través de bloqueos en las vías o cortes de ruta, plantones, marchas y paros cívicos.

Del total de eventos de conflicto social, los relacionados con lo laboral representan el 16% del total, seguidos por los conflictos relacionados con el derecho a la educación (15%), inversión o presencia estatal (12%) sector transporte (11%) derecho a la vida, integridad y seguridad (11%) y falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10%).