Corte Suprema de Justicia elige este jueves a la Fiscal General de la Nación

La Corte Suprema de Justicia tomará una trascendental decisión para el país con la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, que se tiene programada para la sesión ordinaria de Sala Plena que se realizará este jueves 7 de diciembre, con la que se reemplazará en el cargo a Francisco Barbosa, que concluye su periodo en febrero de 2024.

El alto tribunal tendrá que escoger de la terna que envió en agosto el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, a la sucesora de Barbosa, donde el jefe de Estado solo nominó a mujeres: Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.

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La primera es licenciada de la Universidad Externado y ejerce como docente en la misma institución, centrando su labor en el ámbito del Derecho Penal. Además, posee experiencia como exfiscal Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ha trabajado como consultora para la Organización de Estado Americanos (OEA) y se ha desempeñado como perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También se ha destacado como integrante activa en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, y se le recuerda por su liderazgo en investigaciones realizadas ante la Corte Suprema como las indagaciones con las que se busca establecer que ocurrió con los desaparecidos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia luego de que la extinta guerrilla del M-19 ingresara al recinto, a sangre y fuego, el 6 de noviembre de 1985.

Entre tanto Camargo Garzón, fue designada en reemplazo de Luz Amparo Cerón, que el presidente Petro eliminó de la terna, tras petición de la misma Corte Suprema, pero también por los cuestionamientos que tuvo por su cercanía con el exfiscal General Néstor Humberto Martínez y supuestas negligencias en la investigación del entramado de corrupción con la multinacional brasilera Odebrecht.

La nueva ternada integró el equipo jurídico de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desempeñando el cargo de jefa de investigación y litigio. Esta abogada, con especialización en derecho penal y criminología, ha ejercido como fiscal delegada ante la Corte Suprema y como magistrada adjunta de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Además, participó en el grupo encargado de investigar el fenómeno denominado “parapolítica” en Colombia y ha adquirido experiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último está Amelia Pérez Parra que ocupó el cargo de jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, donde supervisó procesos relacionados con grupos paramilitares. Su labor incluyó la investigación de eventos como la masacre del Aro, la masacre de Pichilin y el atentado al Club El Nogal.

Durante su tiempo en la institución, Pérez sobresalió por su dedicación al seguimiento de las actividades delictivas de líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. A pesar de su compromiso, se vio forzada al exilio en 2003, residiendo en Canadá, pero recientemente ha regresado a vivir en Colombia.

Pérez, además, es la esposa de Gregorio Oviedo, quien mantiene vínculos cercanos al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y previamente ocupó el cargo de director del Cuerpo Técnico de Investigación en la seccional de la Fiscalía en Antioquia.

La terna, aparte de la controversia con Luz Amparo Cerón, que como se mencionó fue reemplazada por Luz Adriana Camargo, también estuvo inmersa en otra polémica, ya que el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, de la Corte Suprema de Justicia, entuteló a las nominadas bajo el argumento de que vulneraba el principio igualdad y equidad de género, al estar solo conformada por mujeres.

Sin embargo, en el mismo alto tribunal negaron su solicitud considerando que no hubo irregularidades: “Desde el punto de vista de los derechos al voto, igualdad, equidad de género y dignidad humana, la terna se conformó con sujeción a la acción afirmativa prevista en el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 y con respeto al margen discrecional que constitucional y legalmente se le ha deferido al presidente de la República”, señalaron a mediados del mes pasado.