El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Vidal, abordó recientemente la controversia generada en torno al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y su relación con el Ejército Nacional, luego de que varias personas opinaran de la situación y sobre todo, luego del pronunciamiento del senador estadounidense Marco Rubio.
Esta polémica se intensificó después de las declaraciones del excomisionado de Paz Camilo Gómez, que acusó a la JEP de “matricular” a Mancuso en el Ejército para facilitar su aceptación a la jurisdicción.
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Gómez sostuvo que la jurisdicción intenta incorporar al ex jefe paramilitar en el Ejército como parte de un proceso para admitirlo en la JEP. No obstante, el presidente de la justicia especial, el magistrado Roberto Vidal, salió al paso de estas afirmaciones, aclarando que el reconocimiento del sometimiento de Mancuso no implica que haya sido miembro de la fuerza pública.
La posición de la JEP se centra en la consideración de Salvatore Mancuso como un actor clave en las conexiones entre las fuerzas militares y el paramilitarismo. Se reconoce su papel como “bisagra”, desempeñando funciones de coordinación entre ambas entidades para llevar a cabo operaciones conjuntas; sin embargo, el presidente Vidal enfatizó que esta interpretación no implica que el exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) haya sido un integrante de la fuerza pública.
“Lo que nosotros estamos investigando son los vínculos estrechos que estableció el señor Mancuso como uno de los jefes más importantes del Ejército paramilitar con la fuerza pública para hacer operaciones conjuntas”, señaló el magistrado Vidal para Blu Radio.
Reacciones polémicas ante la aceptación de Mancuso en la JEP
El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su desacuerdo con la decisión de la JEP de aceptar a Mancuso. Además, sugirió que existe una presunta persecución en su contra por parte de magistrados y funcionarios de esta jurisdicción. Ante estas acusaciones, el magistrado Vidal destacó la responsabilidad de la jurisdicción especial en investigar posibles delitos graves y aclaró que no se trata de una persecución, sino de cumplir con la ley y la constitución.
“Cuando entramos en conocimiento de que pudo ocurrir un delito grave de los que nosotros investigamos, pues nos quedan dos vías: hacer nosotros la investigación cuando somos competentes o, en el caso que no lo somos, enviarlo a la autoridad competente para que realice esa investigación. No es otra cosa distinta la que hemos hecho”, señaló Vidal sobre este caso para el medio en mención.
Así las cosas, Marco Antonio Rubio, senador estadounidense del Partido Republicano por Florida, se manifestó tras la controvertida decisión de la JEP de acoger a Salvatore Mancuso.
Desde el seno del Congreso estadounidense, Rubio expresó su preocupación respecto a la actuación de la JEP en Colombia. El senador señaló que está sumamente inquieto al observar cómo la jurisdicción colombiana intenta presentar a Salvatore Mancuso, reconocido narcotraficante y violador de derechos humanos, como si fuera un militar.
Rubio afirmó que continúa aguardando la respuesta del fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, sobre su solicitud para que el Departamento de Justicia estadounidense rechace cualquier petición de extradición de Mancuso, al que calificó de “asesino”.
“Sumamente preocupado de ver como la JEP en Colombia trata de hacer pasar a Salvatore Mancuso, un reconocido narcotraficante y violador de DDHH., como si fuera un militar. Sigo esperando la respuesta del Fiscal General Garland sobre mi solicitud para que @TheJusticeDept rechace cualquier solicitud de extradición de este asesino”, dijo Rubio.
En respuesta a los cuestionamientos provenientes del Gobierno nacional, el canciller Álvaro Leyva manifestó que la JEP se “está descarrilando”, postura respaldada por el presidente Gustavo Petro, que instó a la jurisdicción a aceptar a los jefes paramilitares. Ante estas críticas, el magistrado Vidal afirmó que la JEP, como cualquier tribunal en un estado de derecho, reclama y exige el respeto a su autonomía judicial para llevar a cabo investigaciones y tomar decisiones en el marco legal.
“Sobre el alcance de las investigaciones, si particulares o miembros del Gobierno no están de acuerdo con lo que hacemos, los recursos judiciales están dispuestos para eso, tanto recursos dentro de la JEP como, si piensan que nuestra actuación es inconstitucional, ante la Corte Constitucional. Esos son los canales para discutir con la JEP”, concluyó el magistrado Roberto Vidal.