El precio de los peajes podría descongelarse por una demanda que admitió el Consejo de Estado

El Consejo de Estado admitió una demanda que podría revocar el decreto de congelamiento de tarifas de peajes, establecido por el Gobierno de Gustavo Petro a principios del presente año. El decreto 050 está en la mira de un proceso judicial que, de prosperar, podría resultar en la actualización automática de las tarifas o en la implementación de un nuevo plan para su ajuste gradual.

La demanda, interpuesta por los abogados Blanca Eugenia Uribe, Luz Magdalena Mojica y Bernardo Henao, solicita la nulidad del decreto por inconstitucionalidad, argumentando violaciones al debido proceso, libertad económica y estímulo al desarrollo empresarial.

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Afirman también un posible desconocimiento de las “reglas obligatorias aplicables al procedimiento para publicar y expedir actos administrativos de carácter general”. El caso ya fue trasladado a los ministerios de Hacienda y de Transporte, como también a la Presidencia de la República.

Los demandantes sostienen que la normativa impugnada podría conllevar un vicio de ilegalidad, abriendo la posibilidad de una acción de nulidad y una medida cautelar, aunque esta última no ha sido emitida con carácter definitivo.

Mientras tanto, el Consejo de Estado procederá al estudio de la demanda, anticipándose una posible decisión en las próximas semanas o meses.

Actualmente, aunque el congelamiento de tarifas podría levantarse pronto, permitiendo que los precios de los peajes se incrementen nuevamente, la demanda podría forzar una actualización automática de las tarifas o la implementación de un plan para un aumento gradual. Esta situación encuentra eco en el sector transportista y comercial, atentos al veredicto del Consejo de Estado que podría impactar significativamente la estructura de costos en el transporte.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, los ministerios de Hacienda y de Transporte, así como la Presidencia de Colombia, han sido notificados de la acción legal en curso. La admisión de la demanda implica un análisis profundo de los argumentos presentados por los abogados Uribe, Mojica y Henao, y del marco legal aplicable.

El resultado del litigio podrá sentar un precedente importante sobre la regulación de precios y la intervención gubernamental en la economía.

Pese a la demanda, el Ministerio de Transporte presentó un nuevo borrador de decreto “por medio del cual se establecen instrucciones para el incremento gradual de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y se dictan otras disposiciones”.

Según el borrador, el incremento se aplicaría a partir de enero de 2024 y se completaría de manera gradual al finalizar el año, el 31 de diciembre.

El documento detalla que el aumento de las tarifas de peaje se llevará a cabo de manera progresiva en 2024. Además, la intención es hacer el ajuste sin generar un impacto económico inmediato en los usuarios de las vías. Aunque no se especificó el porcentaje de incremento, se subraya que para finales de diciembre de 2024 ya estaría en pleno vigor el nuevo esquema tarifario.

Esta medida del Ministerio de Transporte afectaría tanto a los peajes a cargo de ANI como los de Invías (180 en total), entidades responsables de la mayoría de infraestructuras viales en Colombia. El propósito de esta reestructuración tarifaria busca adecuar los ingresos a las necesidades actuales y futuras del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial del país.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) precisó que con el decreto en mención el Gobierno se limitará a dar el paso que no se dio en enero, cuando estas tarifas debieron subir de acuerdo a la inflación del país, teniendo en cuenta que el congelamiento provocó un hueco de $800.000 millones.

El gremio recordó que, de no proceder así, el Estado se vería obligado a compensar el faltante a través del Presupuesto General de la Nación, alimentado por todos los colombianos, incluidos los que no usan las vías, sacrificándose de esta forma valiosos recursos para la salud, la educación y la justicia, entre otros.

En síntesis, la CCI insistió en que el decreto garantizará la continuidad de la financiación, el mantenimiento, la operación y la construcción de la infraestructura vial del país.

Dejó entrever que sin los peajes de las vías concesionadas, tal como lo manifestó Fedesarrollo, el Estado se hubiese visto obligado a tramitar varias reformas tributarias, comprometiéndose así el esfuerzo, incluso, de aquellos contribuyentes que no utilizan las infraestructuras.