La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Carlos Caicedo Omar, exgobernador del Magdalena; Virna Lizi Jhonson Salcedo, la actual alcaldesa de Santa Marta; y Francisco Fernando García Rentería, gerente de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
El motivo de la investigación es el posible manejo indebido en la adjudicación del contrato del acueducto El Curval, valorado en más de 14 mil millones de pesos. La entidad busca establecer si en los estudios previos tuvieron en cuenta el impacto ambiental en los ríos de la Sierra Nevada.
La indagación de la Procuraduría General de la Nación comprende un examen de los estudios preliminares del proyecto acueducto ‘El Curval’ para determinar si se incluyó un análisis del impacto ambiental sobre los ríos Piedras y Don Diego, fuentes hídricas provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y si se tuvieron en consideración los riesgos ambientales que ya afectan a estas cuencas.
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La investigación también evalúa si los responsables del contrato del acueducto ‘El Curval’ hicieron caso omiso a un estudio técnico previo que aconsejaba utilizar el agua del río Magdalena como alternativa para minimizar posibles daños ecológicos en las fuentes hídricas de la Sierra Nevada y prevenir impactos negativos en las comunidades asentadas a lo largo de sus márgenes.
“Habrían desconocido un estudio técnico elaborado años atrás, que en sus conclusiones recomendó tomar el recurso del río Magdalena para evitar impactos ambientales sobre los cuerpos de agua de la Sierra Nevada y afectaciones a las comunidades ubicadas en sus riberas”, sostuvo la entidad.
En el marco de la indagación, el Ministerio Público ha requerido los documentos finales de los estudios de impacto ambiental vinculados al proyecto acueducto ‘El Curval’, además del análisis realizado con anterioridad bajo el título “Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena”, el cual proyectaba el suministro de agua potable para un periodo de 50 años y contemplaba a Santa Marta entre los municipios beneficiados.
Además, la Procuraduría General de la Nación agregó que: “Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca establecer si la conducta es considerada como falta disciplinaria y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Y es que, hace pocos días (el 3 de diciembre), la Procuraduría General de la Nación citó a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo, a rendir cuentas precisamente por el caso anteriormente mencionado. La entidad indica que la obra podría tener un costo cercano a los $1,6 billones y, a pesar de las observaciones realizadas por el Ministerio Público respecto a la licitación para la construcción del Acueducto El Curval, la mandataria optó por continuar con el avance del proyecto. La información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la entidad.
La Procuraduría señaló que el proyecto del Acueducto El Curval, que lidera la alcaldesa Virna Lizi Johnson Salcedo, comprometería presupuestalmente a Santa Marta hasta el año 2052, representando un riesgo para el patrimonio público al involucrar una suma de 1,6 billones de pesos. Ante esta situación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha requerido la comparecencia de la mandataria, la cual está programada para el martes cinco de diciembre en Bogotá.
La Contraloría General de la República sobre este caso también se pronunció e hizo algunas observaciones al respecto diciendo que: “La forma de pago planteada para la ejecución de las obras y la carencia de un estudio de financiamiento, que analice diferentes alternativas de crédito. Se tiene previsto que se hagan pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100 % a través del contratista”.