Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia anunció el archivo de una indagación dirigida contra la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera. Esta indagación, que surgió a raíz de una denuncia anónima recibida en varios correos institucionales el 29 de junio de 2021, así como otra presentada por el señor Gonzalo Guillén, concluyó en el encarpetado.
Cabe destacar que las denuncias alegaban un posible favorecimiento a funcionarios de la Seccional Cali bajo investigación por presuntos actos de corrupción y otras acciones aparentemente contrarias a la ley durante su desempeño en cargos directivos en Valle del Cauca y como vicefiscal.
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“Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respalde intervención o favorecimiento a alguna persona. Asimismo, se constató que las actuaciones en contra de los funcionarios citados en las denuncias como presuntos responsables de actos de corrupción tienen un importante y efectivo avance investigativo y judicial”, señaló la fiscalía.
Después de llevar a cabo inspecciones en diversos procesos y actividades investigativas, con el respaldo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, y recopilar testimonios, incluyendo los de Ramón Esteban Peña Martínez, alias El Médico, y la abogada Ruth García Rojas, entre otros, que afirmaron no conocer a Mancera, se determinó que no era posible sustentar una hipótesis delictiva.
“Por todo lo anterior, y en estricto cumplimiento de la norma penal y la jurisprudencia que rige la materia, el fiscal a cargo de la indagación no encontró configurado un delito que comprometiera a la doctora Mancera”, concluyó el ente judicial.
Estas fueron las razones por las que se señaló a la vicefiscal Mancera
Martha Janeth Mancera enfrentó cuestionamientos por su presunta conexión con los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, amigos de la vicefiscal, que están siendo investigados desde 2021 por sus supuestos vínculos con el narcotráfico en el Valle del Cauca.
Según la Fiscalía, ambos fiscales formarían parte de una red de corrupción interna en la entidad que estaría compuesta por funcionarios que favorecían a narcotraficantes y líderes criminales en investigaciones, a cambio de sobornos millonarios.
La entidad judicial alegó en su momento que la red no solicitaba órdenes de captura, sino que dilataba audiencias y consolidaba procesos penales contra inocentes para favorecer a aquellos que presuntamente entregaban sumas significativas de dinero a los fiscales.
Los fiscales Nieto y Aguirre enfrentan cargos por concierto para delinquir, soborno en actuación penal, amenaza a testigos y prevaricato por omisión, siendo parte de esta presunta red desde 2015, según las autoridades.
Pero el caso se vio afectado por la pérdida de al menos una docena de pruebas el 19 de septiembre de 2023. Documentos oficiales indican la ausencia de informes de policía judicial, actas de entrega, inspecciones a lugares y declaraciones clave.
Esto generó interés entre las autoridades, especialmente al considerar que la vicefiscal ya había sido denunciada de manera anónima en 2021, lo cual aceleró la investigación en curso.
Las operaciones corruptas en la sala Esperanza de la Fiscalía colombiana
En una declaración juramentada de la abogada Ruth García Rojas, reconocida por representar a narcotraficantes en Cali, señaló a la vicefiscal Mancera, por su supuesta conexión con una red criminal operada por dos oficiales de la policía.
La red, liderada por un narcotraficante desmovilizado y la exfiscal Ana Catalina Noguera, tenía como objetivo borrar expedientes y extorsionar a personas con posibles extradiciones a Estados Unidos.
En la audiencia del 23 de septiembre de 2022, García Rojas, hermana del capo Javier García Rojas, alias Maracuyá, proporcionó detalles sobre los encuentros con el narcotraficante Carlos Ramón Zapata, conocido como El Médico, que supuestamente les solicitó dinero para no vincular a su cliente a una investigación y borrar evidencia comprometedora.
La abogada reveló que las pruebas presentadas por El Médico provenían de la Fiscalía, exponiendo un posible eslabón corrupto dentro de la institución. Según la declaración, la red operaba desde la sala Esperanza, un sistema de inteligencia de la entidad judicial, donde oficiales de policía ubicaban personas con procesos inconclusos y las extorsionaban para eliminar casos y evitar extradiciones.
En una reunión el 15 de marzo de 2020, El Médico y un oficial de la Dijín exigieron 500.000 dólares al cliente extorsionado Antonio José Flores para favorecerlo en su proceso judicial, utilizando material comprometedor proveniente de la Fiscalía, de acuerdo con las denuncias que la abogada proporcionó en su momento.
Estas acusaciones resurgieron después de informes anteriores de García Rojas sobre los presuntos vínculos de la vicefiscal Mancera con los “narcofiscales” del Valle, Ana Victoria Nieto y Ana Catalina Noguera.
A pesar de la exhaustiva investigación y las acusaciones dirigidas hacia Mancera, la Fiscalía concluyó que la funcionaria judicial no participó en las prácticas corruptas mencionadas, lo que llevó al archivo del caso.
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