La Corte Suprema de Justicia formuló acusaciones contra la exsenadora de Cartagena Daira Galvis, del Partido Cambio Radical, en relación con el delito de concierto para delinquir agravado.
La denuncia involucra supuestamente a la política en la colaboración con grupos armados ilegales para fortalecer su campaña al Congreso entre los años 2004 y 2005.
La Sala Especial de Instrucción señaló que la acusación se fundamenta en la presunta alianza entre la exsenadora y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para procurar beneficios que aseguraban su elección al senado durante el período 2006-2010. El objetivo de dicha asociación sería incrementar sus posibilidades electorales mediante el apoyo de este grupo.
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La investigación sugiere que hubo un acuerdo con las AUC que habría incidido directamente en los resultados de las elecciones, buscando un beneficio mutuo entre la política y el grupo paramilitar.
La decisión de la Corte Suprema añade un nuevo capítulo en la larga lucha contra la corrupción y la violencia política en la nación. La acusación es en contra de la exsenadora Daira de Jesús Galvis Méndez, acusada de tener vínculos con miembros de las AUC, concretamente con los Bloques Héroes de los Montes de María, Norte y Central Bolívar, para fines de apoyo financiero y logístico a su campaña política.
De acuerdo con la investigación por parte de la Corte, se señala que no solo Galvis Méndez habría estado implicada; Enilce López Romero, más conocida como ‘la Gata’, también habría jugado un papel preponderante en el caso. López Romero, a la época de los hechos, lideraba la campaña de su hijo Héctor Julio Alfonso López, quien en aquel entonces era candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar. La influencia de ‘la Gata’ en las dinámicas políticas de la región ha sido un punto de interés y controversia en diversas investigaciones judiciales.
La implicación de estas dos figuras políticas en actividades ilícitas con grupos paramilitares añade otra capa de complejidad al panorama político y judicial de Colombia, pues estas acusaciones subrayan la persistente problemática de la corrupción y la infiltración de intereses ilegítimos en la política colombiana.
La Corte señala puntualmente que: “De acuerdo con los hechos por los cuales fue acusada, Daira de Jesús Galvis se unió al movimiento Convergencia Ciudadana, liderado por el entonces político Luis Alberto Gil Castillo, el ‘Tuerto Gil’, condenado por concertarse para promover grupos paramilitares, con el fin de incluirla en la lista de voto preferente en la circunscripción nacional para el Senado”.
La trayectoria de Daira de Jesús Galvis Méndez en el escenario político, así como la de Enilce López Romero, serán examinadas detalladamente a medida que avance el proceso legal. Las consecuencias de estos presuntos vínculos tienen el potencial de afectar la percepción pública de la legitimidad de las instituciones políticas en el país y de sus representantes. La atención está puesta en las próximas acciones de la justicia colombiana ante este complejo escenario.
Qué hizo Galvis
La exsenadora Galvis Méndez fue citada por la Jurisdicción Especial para la Paz, en 2022, en relación a un caso de parapolítica. Méndez, quien ocupó una curul en el Congreso de la República desde el 31 de octubre de 2007 hasta el año anterior, habría intentado conseguir apoyo del conocido como alias Ernesto Báez para favorecer sus aspiraciones electorales en Antioquia.
Galvis Méndez no fue elegida originalmente como senadora, pero accedió al Congreso tras la suspensión de Eduardo Vives Lacouture. Durante su tiempo como congresista, se vio involucrada en investigaciones por presuntos vínculos con grupos paramilitares, lo cual la llevó a ser convocada por la Justicia Especial para la Paz. A pesar de estos contratiempos, logró mantener su posición en el Congreso durante aproximadamente 15 años.
La citación a Galvis Méndez por parte de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo lugar en 2022 mediante una diligencia virtual, con el fin de esclarecer su supuesta colaboración con estructuras ilegales para la manipulación de resultados electorales. Este proceso forma parte de los esfuerzos por investigar y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
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