En un intrigante episodio legal, la figura de José Vicente Castaño Gil, conocido como ‘el Profe’ o ‘Profesor Yarumo’, uno de los cerebros de las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), vuelve a ser centro de atención después de una polémica decisión de la justicia colombiana.
Aunque se presume que el asesinato de Castaño se dio en marzo de 2007, a manos de sus tropas, recientes registros judiciales de un despacho en Bogotá revelados por El Tiempo, darían cuenta de que para los jueces Castaño sigue representando un peligro, a pesar de haber desaparecido hace más de 16 años. De hecho, según se pudo conocer, dicho estrado emitió una orden de captura contra él por un delito de homicidio en persona protegida.
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Sin embargo, la paradoja de la decisión se encuentra en los relatos de exparamilitares, quienes afirmaron que ‘el Profe’ habría sido asesinado por sus propios hombres en una finca de Ayapel, en Córdoba, en la que se escondía desde agosto de 2006, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ordenó la captura de los líderes paramilitares con los que negoció la desmovilización de las Auc.
Aun así, a pesar de los testimonios y detalles de la muerte del cerebro paramilitar, las autoridades nunca pudieron corroborar la veracidad de su muerte, por lo que se siguen adelantando procesos legales en su contra. Y es que la decisión estaría basada hipótesis de la justicia, sobre la posibilidad de que Castaño Gil estuviera negociando con una agencia estadounidense para delatar a sus socios a cambio de inmunidad, lo que podría explicar la paradoja legal que enfrenta.
Sin embargo, sorprende que sus hermanos Fidel y Carlos tengan procesos cerrados en los registros judiciales por muerte, mientras que el expediente contra José Vicente sigue abierto, y las autoridades continúan buscándolo. Incluso, sobre el jefe paramilitar recae una pena de 37 años de prisión que sigue vigente, a pesar de las versiones de su muerte.
El enigma de lo sucedido con Vicente Castaño tiene muchos cabos sueltos, como por ejemplo la incertidumbre sobre la identidad y el paradero de ‘el Profe’, por la falta de documentos que respalden su identificación. Registros judiciales indicaron que en algunos procesos no se ha logrado obtener su tarjeta decadactilar, y la documentación en la Registraduría local de Amalfi habría sido destruida en una incursión armada.
A pesar de estas complicaciones, en diciembre de 2009, el juzgado 11 penal del circuito especializado de Cali profirió una sentencia contra José Vicente Castaño Gil por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2002. La sentencia, que lo condena a 452 meses de cárcel, se basa en hechos relacionados con un ataque armado frente a la escuela José Anzoátegui, en el corregimiento de Tenjo de Palmira (Valle del Cauca), donde perdieron la vida el educador Marco Antonio Beltrán Banderas y el fotógrafo Alexánder Amaya Bueno.
“Los actos que desplegó no solo se limitaron a propender por la estructuración de las AUC, como uno de los líderes y como uno de los diseñadores de las políticas de exterminación, muy precisas contra personas determinables por razones políticas o sociales, que asumió la dirección y control de una de las líneas de poder, sobre la cual tenía el mando y control, justamente la que dio cumplimiento al ataque a las víctimas, luego no es de recibo que se le tenga como un extraño frente al atentado contra la vida de los Marco Antonio Beltrán Banderas y Alexánder Amaya Bueno”, se lee en la sentencia.
El tribunal destacó la implicación de Castaño Gil como líder del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia y su papel en la estructuración de políticas de exterminio. Aunque la sentencia ordena la indemnización a las familias de las víctimas y la captura del condenado, persiste la incertidumbre sobre la vida o muerte de ‘El Profe’, sumergiéndolo en un enigma que desafía las barreras entre la realidad y la legalidad.