Camilo García, polémico contratista de comunicaciones, renunció a su cargo en Presidencia

El contratista y analista de comunicación digital Camilo García, conocido como @hyperconectado, anunció su renuncia de la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño.

La decisión se dio a conocer semanas después de rifirrafe con la representante Catherine Juvinao, que culminó en las acusaciones que hizo la congresista sobre un supuesto perfilamiento de medios por parte de García, en servicio al presidente Petro, situación que denominó “bodegas”, en alusión a los equipos digitales que buscan manipular la opinión pública. En su misiva, García agradeció al presidente Gustavo Petro y al secretario de Comunicaciones, Carlos Ramón González.

A través de un hilo en la red social X, el contratista explicó algunos de los motivos de su renuncia, entre los que destacó los efectos de la “intoxicación de información” que vive el país.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“He pasado mi carta de renuncia a la Secretaria de Comunicaciones Presidencia. Agradezco a @petrogustavo y @carlosRamongon y a las personas que consideraron que podría aportar en la comprensión de Disinformation en Colombia. Hilo no técnico explicando mi trabajo”, escribió el comunicador.

En el contexto de su renuncia, García se encontraba bajo escrutinio después de un encontrón público con la representante del Partido Alianza Verde, cuando la congresista alegó sobre la divulgación de un video relacionado con la reforma de salud, y las acusaciones de García sobre la filtración de dicho material por parte de Juvinao. La circunstancia suscitó controversia sobre la función de García en la Presidencia y sus métodos de investigación de la desinformación en Colombia.

En su blog personal, Camilo García explicó que su labor como contratista no incluía la creación de contenido ni el rol de portavoz del Gobierno. En cambio, su contribución consistía en una investigación enfocada en entender la desinformación en el país, aplicando una metodología propia basada en principios teóricos de disinformation y el análisis de las normativas incumplidas en las plataformas digitales en Colombia.

“Todas las evidencias comprobables demuestran que el ecosistema informativo colombiano está afectado por lo que técnicamente se denomina Disinformation. No debe existir duda de ello. Para muchos actores es un tema que no se debe tocar. Principalmente aquellos que tienen algún tipo de ganancia en medio de la intoxicación informativa que vive la nación”, escribió en su página.

Sin embargo, el contratista habría enfrentado por meses acusaciones de todo tipo, además de intentos de ataques, incluso, cinco amenazas de muerte por parte de personas que representaban sectores que habrían quedado presuntamente expuestos por su labor.

El internauta aseguró que además trataron de localizarlo a través de intervenciones en el sistema de su computador, y que en una de las advertencias fue acosado en línea por “un actor no anónimo fácilmente identificable” que le comentó que estaba listo para “pagar 300 mil pesos a un sicario para que me matara”, relató.

En ese sentido, Camilo García, quien según su renuncia ha estado por más de 15 años frente a temas de coberseguridad, información y periodismo, puso a disposición de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia su trabajo, “Teniendo en cuenta que mi labor es pública, y que siempre he creído en la transparencia”.

Aún así, a pesar de su salida, aseguró que el proyecto de investigación ya había alcanzado un 40% de avance y que la información recolectada permanecía en los servidores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para quien quisiera continuarla.

La representante Juvinao refutó las acusaciones de García acerca de su vinculación con la filtración del video y anunció que presentaría una queja ante el Dapre. Por su parte, García rectificó parte de sus declaraciones, aclarando poco después de su primer trino que Juvinao no estaba relacionada con la creación o distribución de dicho material. Además, describió que el video en disputa había sido distribuido por un integrante del Centro Democrático, no por periodistas.