Mientras continúa la polémica por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia de acoger a Salvatore Mancuso, seguido por la firma del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que este sea designado como gestor de paz, una nueva orden de captura fue emitida en su contra en las últimas horas.
Esto fue confirmado en la mañana del 4 de diciembre por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, mediante un comunicado de prensa en el que informa que se debe a crímenes registrados entre 1997 y 2005, cuando Mancuso era comandante del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Dentro de estos delitos está el homicidio de personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia de género y reclutamientos, registrados durante esos años en Bolívar, Córdoba y Sucre. Por lo que este caso pasará a estar en manos de la Sala de conocimiento para la legalización de cargos y proferimiento de sentencia.
“Esta Sala Especializada decidió imponer a varios postulados una nueva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1997 y 2005 (homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencias basadas en género, reclutamientos ilícitos y otros crímenes de guerra) en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Fueron más de 130 víctimas”, es parte del comunicado.
Junto a Salvatore Mancuso, el tribunal ordenó medida de aseguramiento contra Alexi Mancilla García, Edelmiro Alberto Anaya González, Edwar Cobos Téllez, José Heriberto Navarro Martínez, José Oswaldo Tavera Blanco, Luis Alfredo Argel Argel, Luis Fernando Terán Romero, Manuel Antonio Castellanos Morales, Manuel de Jesús Contreras Baldovino y Uber Enrique Banquez Martínez, William Alexander Jiménez Ramírez y Wilson Anderson Herrera Rojas.
Cabe aclarar que esto no afecta la solicitud de libertad a favor de Mancuso que está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá, esto, luego de que el ex jefe paramilitar fuera designado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como gestor de paz.
De la misma forma, Mancuso expuso en una tutela que no hay ningún motivo por el que la justicia colombiana lo mantenga retenido después de que se registre su regreso al país, recordando que el 17 de noviembre la JEP aceptó a Mancuso al considerar que su testimonio es novedoso, concreto e importante dentro de la conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, esto fue rechazado por el excomisionado de Paz Camilo Gómez, que afirmó a El Tiempo, que la JEP estaría intentando pasar a Mancuso como un militar para realizar una persecución contra el sector empresarial de Colombia.
“Es de las cosas más desafortunadas que he visto, desde el punto de vista jurídico e histórico. La JEP se arroga una función que no tiene: definir que Mancuso usurpó funciones públicas, y que actuaba siempre con los militares y con los empresarios, y con funcionarios públicos, y por lo tanto se convirtió en una parte de la Fuerza Pública”
Sumado a ello, Gómez afirmó que las declaraciones futuras de Mancuso podrían violar la ley, resaltando que en el testimonio que entregó en la parte del proceso de la justicia transicional, el ex jefe paramilitar se comprometió a contar todo lo que sabía, a lo que se refirió como una estrategia.
“En Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional aprobado para los paramilitares, el compromiso de Mancuso era decir toda la verdad. ¿Entonces, si ahora está diciendo una verdad “útil”, quiere decir que allá no la dijo? Perdería automáticamente todos los beneficios”, afirmó Camilo Gómez al respecto.
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