La Colombia olvidada por Petro: comunidades indígenas piden atención del presidente

Líderes de los pueblos indígenas kankuamo y wiwa afirman que el compromiso de paz del mandatario con los grupos guerrilleros los ha dejado a un lado

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Líderes de las comunidades indígenas
Líderes de las comunidades indígenas Kankuamo y Wiwa, afirmaron que están siendo olvidados dentro de la "Paz Total" del presidente Gustavo Petro - crédito Infobae

Uno de los términos más utilizados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde que tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 2022, ha sido el de Paz Total; sin embargo, para los pueblos indígenas kankuamo y wiwa, esto está lejos de ser así en sus territorios.

En una entrevista publicada por El Español, líderes de estos pueblos insistieron en la solicitud al mandatario colombiano para que más de 6.000 víctimas de estas comunidades sean consideradas como parte de un genocidio que se ha registrado durante el conflicto armado que persiste en Colombia.

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Estos son dos de los cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, que en los últimos años han denunciado haber perdido potestad y mando en lo que durante cientos de años ha sido su territorio, lo que les ha traído represalias, que se suman a los casos de ejecuciones extrajudiciales registradas allí.

En 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos contra militares que serían responsables del asesinato de 12 miembros de estas comunidades, pero este proceso continuo y tiene a 12 uniformados pertenecientes al Batallón La Popa (Valledupar) que aceptaron su responsabilidad en al menos 127 casos. Cifra que podría ser superior.

Los pueblos indígenas Wiwa y
Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, afirman que el Estado tiene un proceso de reparación con ellos que no ha iniciado - crédito Verdad Abierta

Sobre este caso, las víctimas siguen sin ser reparadas, por lo que Neyle Liza Arias, perteneciente al resguardo Kankuamo, y que perdió a su padre el 22 de junio de 2004, afirmó que por fuera del reconocimiento, lo más valioso que puede recibir por parte de las autoridades es verdad.

“Quienes se beneficiaron por la vil muerte y cobarde muerte de nuestros familiares, que nos limpien el apellido y el honor a nuestros pueblos, porque nosotros, con el hecho de ser indígenas éramos estigmatizados y perseguidos, con la muerte de mi papá sufrimos humillaciones y desplazamientos entonces queremos que todo el mundo sepa la verdad y no se vuelva a repetir”, afirmó Liza Arias a Blu Radio.

Los múltiples casos de violencia de los que estas comunidades han sido blanco de la violencia en Colombia, es uno de los puntos principales del Quinto Informe de la Comisión de monitoreo y seguimiento a los decretos ley de reparación y restitución étnica; sin embargo, después de doce años del Decreto Ley 4633 de 2011, no han visto avances notorios.

Es por ello que el medio español los señala como “Los olvidados de Petro”, resaltando que la labor del mandatario está enfocada en buscar acuerdos con los grupos guerrilleros, dejando de lado a estas comunidades durante el proceso.

Esto fue destacado anteriormente por Jaime Enrique Arias, exgobernador del Cabildo Kankuamo, cuando afirmó que existía un compromiso más cercano para impulsar los proyectos de explotación por los que han sido víctimas de represalias tras oponerse a ellos.

“Es curioso que no haya un compromiso real, pero sí para impulsar los proyectos de explotación a los cuales nos oponemos”, declaró Arias a Verdad Abierta.

La oposición en los proyectos
La oposición en los proyectos de minería es uno de los puntos más resaltados por estas comunidades - crédito EFE

Estos inconvenientes no son actuales. Debido al territorio que habitan, estas comunidades han quedado en medio del conflicto armado en Colombia en diferentes ocasiones, la mayoría de ellas han quedado en el olvido y sus víctimas siguen sin ser reconocidas como tales.

Una de las masacres más recordadas es la de El Limón, que fue perpetrada por grupos paramilitares con presunta complicidad del Ejército Nacional entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2002. Este ingreso a caseríos terminó con el asesinato de 19 integrantes de la comunidad wiwa, más un número indeterminado de desaparecidos.

De la comunidad que llegó a ser superior a 22.000 personas, en uno de los censos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) solo registran 15.000, de los cuales, al menos 3.000 se encuentran en condición de desplazamiento forzado.

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