Expulsados de la terminal de transportes de Bogotá decenas de desplazados por la violencia en el Chocó

Pese a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado, al menos 48 familias de la comunidad indígena la meseta llegaron a la terminal de transportes de El Salitre, en el occidente de Bogotá, la madrugada del lunes, 4 de de diciembre.

Sobre las 3:30 de la madrugada, 150 personas –la mayoría de ellas niños y adultos mayores– bajaban de sus buses, en medio del frio y el desconcierto, esperando resguardarse en la estación. Sin embargo, personal de El Salitre les habría indicado que no podían alojarse en sus instalaciones.

Fue entonces cuando decidieron tomarse el costado en el que los viajeros suelen tomar el servicio de taxi. Para poder descansar y llamar la atención de las autoridades, con la esperanza de encontrar una solución a la situación de orden público en su resguardo.

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“Hubo un enfrentamiento en la comunidad, entre la guerrilla y pienso que con la Fuerza Militar. Desde ahí, las entidades a las que corresponde resolver este tema no nos atendieron. Pensamos que las instituciones nos incumplieron. Por eso la comunidad se vino”, explicó el gobernador de la comunidad meseta a la sección del Ojo de la noche.

Antes de levantarse el paro la noche del sábado, 2 de diciembre, la Defensoría del Pueblo informó que más de 80 comunidades étnicas estuvieron en riesgo, desde el día martes, cuando se impuso la medida.

Entre ellos “los indígenas pertenecientes al municipio de Tadó, Chocó. La comunidad indígena la meseta”. Según explicó su líder, Nelson Sintuá, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, llegaron a la ciudad “a la madrugada, a las 3:00 de la mañana, con 48 familias, aproximadamente, de 150 personas, donde hay niños, niñas, adultos mayores”. Y más personas vienen en camino.

“Vienen más familias atrás, porque el tema es muy preocupante allá, entonces, lo daremos a conocer a las autoridades (...) vamos a estar aquí ubicados hasta que las entidades nos atiendan, como comunidad indígena del municipio Tadó por primera vez estamos acá”.

Los indígenas de la meseta, asentada históricamente en la zona sur del departamento quedaron en medio del cruce al fuego y los destrozos a viviendas, registrados en el departamento. E, incluso, sugieren que fueron victimas de acciones militares.

“Venimos por el desplazamiento, hubo en enfrentamiento en la comunidad, necesitamos que las entidades que corresponden atiendan esta situación, la personería del distrito que nos atienda, que no nos deje acá a la población en la calle”, como ocurrió por meses con los indígenas embera en el corazón de Bogotá.

Como desplazados de la violencia, esperan encontrar refugio, mientras se implementan estrategias de seguridad, de la mano del Gobierno, que transformen su entorno y les permitan regresar. “De manera amable y respetuosa nos dirigimos al presidente, esperando que nos pueda atender, que podamos hablar del tema. Hay temas muy preocupantes en el territorio indígena”, lamentó Sintuá.

A puertas de iniciar el quinto ciclo de diálogos con el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo cuestionó que el ELN entrara en paro armado, nuevamente: “No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz?, ¿con más vulneraciones a los derechos de las comunidades?”.

Motivo por el que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez dio por terminada su ofensiva, aunque no sin antes señalar: “Que el paro armado desarrollado en la subregión del San Juan tuvo como propósito denunciar y visibilizar la connivencia y la colusión que de manera sínica tienen las fuerzas militares en cabeza de la séptima división (...) con los grupos paramilitares en el departamento de Chocó”.