En las últimas horas, se reveló una delicada información que dejaría en evidencia un presunto mal manejo de recursos públicos por parte del Estado; pues un documento habría expuesto la entrega de más de 12.000 millones de pesos a excombatientes de las Farc, dineros que harían parte del apoyo económico acordado en el proceso de paz firmado por la guerrilla y Juan Manuel Santos.
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En lo que corresponde a esta irregularidad que pone en riesgo el patrimonio del país, Semana pudo constatar mediante un documento conocido por el medio que, el Fondo Colombia en Paz (Fonpaz) habría dado la luz verde para entregar 12.800 millones de pesos a reinsertados que se hayan acogido al acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla.
Según se ha revelado, se marcó como “entregado”, el dinero perteneciente al acuerdo de paz y que finalmente recibirían firmantes que, supuestamente, registraron como fallecidos al momento de la distribución. La entidad responsable de la administración de estos recursos habría reportado la entrega efectiva de los fondos, a pesar de las irregularidades encontradas en los registros oficiales.
La irregularidad se extiende a pagos que ascienden a 10.635 millones de pesos colombianos distribuidos entre 12 excombatientes en un periodo aproximado de dos años, entre 2021 y 2022. Dicha cifra es contraria a lo establecido en los acuerdos de paz en Colombia, que estipulan un apoyo económico de un salario mínimo legal para los exintegrantes de grupos armados en el proceso de reintegración.
El monto fue notoriamente superior, con un total aproximado de hasta cuatro salarios adicionales por mes, lo cual contrasta con la asignación original de aproximadamente 900.000 pesos, unos 240 dólares, suma contemplada para el año 2016.
Además, el mencionado medio detalló que dicho documento registró que varios pagos gubernamentales que habían sido destinados a recolectores de hoja de coca en medio del proceso fueron entregados indebidamente a personas que no eran elegibles para recibirlos. Entre los beneficiarios, se encontraban 14 trabajadores fallecidos, los cuales, recibieron aproximadamente la suma de 60 millones de pesos.
Lo anterior fue establecido por la Contraloría General a la hora de realizar el respectivo control fiscal a Fonpaz, entidad que habría estado encargada del proceso en cuestión. La falta de control en la asignación de los recursos ha quedado evidenciada con la entrega de dichos pagos, realizados sin impedimentos ni verificación adecuada.
Dicha situación pone en tela de juicio los mecanismos de seguimiento y las medidas de fiscalización que el Gobierno debe emplear para asegurar la correcta utilización de los fondos destinados a programas de desarrollo y asistencia social, teniendo en cuenta el propósito principal de garantizarle una vida digna a los desmovilizados, pero sin afectar el patrimonio público.
Es imprescindible mencionar que los fondos desviados no solo representan una pérdida económica para el Estado, sino que también afectan directamente a la comunidad que debería ser la beneficiaria real de estos programas, pues es posible que el dinero establecido no le hubiera llegado a quienes realmente lo necesitaban e incluso, hacían parte del registro oficial.
Conforme a lo revelado por Semana, la Contraloría ha asumido como poco claras las explicaciones de las entidades encargadas sobre el uso de fondos, identificando desórdenes graves en la gestión financiera, incluyendo incongruencias en las cuentas, manejo inadecuado de contratistas, fallas en la anulación de convenios incumplidos y aprobaciones indebidas de pólizas, esto, teniendo en cuenta que se evidenciaron otro tipo de irregularidades.
Cientos de desmovilizados han emprendido en diversos proyectos; sin embargo, lo recientemente conocido deja una amplia mancha sobre el presunto actuar de algunas entidades frente al proceso de paz.