Defensor del Pueblo insta a países de América a prevenir tragedias como la de Antonella Sánchez

Luego del fallecimiento de la pequeña Antonella Sánchez, una menor colombo-venezolana de cuatro años que murió ahogada en el Rio Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando intentaba cruzar junto a su abuela y otros familiares el peligroso afluente, la Defensoría del Pueblo resolvió convocar a los países americanos en aras de concretar estrategias para evitar que circunstancias similares vuelvan a acontecer.

El incidente ha desencadenado todo tipo de reacciones, pero también una contundente respuesta por parte del Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, y la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), en busca de medidas frente a la crisis humanitaria derivada de la migración irregular.

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Por eso, a través de un comunicado, la institución se lamentó sobre los hechos y solicitó la repatriación de los familiares que han logrado salir a salvo del incidente, teniendo en cuenta que hay familiares de la menor que continúan desaparecidos.

“Desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a la familia y hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que brinde toda la información legal a los familiares para que sea tramitada la repatriación del cuerpo de la niña fallecida. También solicitamos que sea intensificada la búsqueda de los familiares desaparecidos y brindado el acompañamiento a la niña de 12 años, que sobrevivió a la tragedia”, manifestó Camargo frente a la lamentable situación.

De esa manera, Camargo insistió en que estos casos no pueden ser parte del panorama migratorio, que se genera especialmente desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos, con recorridos de alto riesgo para las personas que transitan zonas potencialmente mortales para llegar al país norteamericano, no solo por cuenta de las barreras de la naturaleza, sino por los contactos con estructuras criminales.

“La Defensoría del Pueblo ha advertido que las niñas, los niños y adolescentes en situación de movilidad son vulnerables a riesgos y violaciones de derechos en las rutas migratorias, como ser víctimas de violencia, trata de personas, discriminación, entre otros, cometidos en algunos casos por estructuras del crimen organizado”, indicó la entidad.

Y añadió: “Los menores de edad también son vulnerables a otros peligros relacionados con el paso por el Tapón del Darién, selva fronteriza entre Colombia y Panamá, largas travesías, la inclemencia del clima tropical, aguantar hambre, incluso tener que atravesar ríos caudalosos sin las mínimas medidas de seguridad (como ocurrió con Antonella, cuando estaba a punto de pisar suelo estadounidense)”.

Es por esto por lo que Camargo solicitó la unidad de los países integrantes de la FIO para poder encontrar planes que permitan contrarrestar estos riesgos. De manera que, el llamado busca que las acciones sean generadas desde distintos ámbitos y áreas de trabajo de los gobiernos para que, en últimas, la migración irregular no sea una única opción para las personas que han resuelto emigrar de sus países de origen, o que, por lo menos, se pueda regular.

“En diversos escenarios hemos insistido en una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana. Seguiremos insistiendo desde la Presidencia de la FIO para que las naciones del continente, en un trabajo conjunto, encuentren salidas a esta crisis humanitaria derivada de la migración irregular”, expresó Camargo.

A su vez, el comunicado enfatizó en que las rutas migratorias como el Tapón del Darién, esa espesa y riesgosa selva fronteriza entre Colombia y Panamá, representan un grave riesgo para los menores de edad, quienes enfrentan largas travesías, hambre y condiciones climáticas extremas sin medidas de seguridad, similares a las que enfrentó Antonella Sánchez.

“Garantizar los derechos de la población migrante que busca nuevas oportunidades fuera de sus países de origen es el deber que nos asiste”, sostuvo Camargo.

Y es que, según cifras proporcionadas por la Defensoría, el incremento en la migración infantil es alarmante, ya que se evidencia una población de, al menos, 40.171 niños, niñas y adolescentes migrando en el primer semestre del año, en comparación con 7.369 en el mismo periodo de 2022, lo que supone un aumento del 445%.