Denuncian despido masivo en la Casa de Nariño: Gobierno asegura que es mentira

En la Casa de Nariño 15 miembros del equipo de comunicaciones quedaron sin contrato. Esta decisión tomada por la jefe de Comunicaciones, María Paula Fonseca, ha tomado por sorpresa tanto a los afectados, como al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, que no estaba al tanto de los despidos.

Dentro de este grupo de desvinculados se encuentran contratistas de RTVC, algunos de ellos con una larga trayectoria que abarca gobiernos anteriores. A pesar de que muchos esperaban la renovación de sus contratos, ahora la incertidumbre se ha apoderado de su futuro laboral.

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Entre los desvinculados se encuentran camarógrafos, productores, fotógrafos, editores y asistentes, todos impactados por una decisión tomada sin ofrecer explicaciones claras.

Simultáneamente, se ha llevado a cabo una reestructuración en la que se renovaron contratos para otro grupo de periodistas en la Casa de Nariño. La atención se ha centrado en el respeto por la experiencia y en el esfuerzo por mejorar las condiciones salariales de estos profesionales.

Estos despidos han generado preocupación, especialmente considerando que muchos de los afectados han dedicado años de su vida al servicio público. La falta de aviso previo ha intensificado la incertidumbre, agravada por el hecho de que se produce en medio de la implementación de una nueva reforma laboral por parte del Gobierno colombiano, supuestamente diseñada para proteger a los trabajadores del país.

Entre las historias personales que han emergido, según la Agencia de Periodismo Investigativo, se encuentran “Cristian Garavito, un fotógrafo premiado; ‘Leo’, un empleado con un hijo con discapacidad; ‘Richi’, responsable del sustento de una familia con complejas condiciones de salud; y Clara Pinto, una secretaria de larga trayectoria en el Palacio”.

La agencia también destaca el caso de ‘Linio’, quien estaba a punto de pensionarse y trabajaba bajo un contrato por prestación de servicios. Este caso se vuelve particularmente relevante dado que la modalidad de contratación de ‘Linio’ es precisamente una de las que el gobierno actual busca reformar.

Frente a la sorpresa y la preocupación generada por estos despidos, la respuesta oficial de la Casa de Nariño ha sido que se trata del fin de ciertos contratos y que se realizarán nuevas contrataciones, “según lo que la necesidad que el servicio requiera”.

La nueva política de drogas del presidente colombiano Gustavo Petro busca “oxigenar” a los campesinos cocaleros con cultivos lícitos como café o cacao y “asfixiar” a los grandes narcotraficantes.

Esta estrategia ha generado inquietud en Estados Unidos, cuya asistencia económica anual a Colombia está estancada en el Congreso debido a dudas sobre la alineación de la administración Petro con los intereses estadounidenses en temas de seguridad y política exterior.

Expertos del Atlantic Council han sugerido en un informe que Colombia y Estados Unidos deben recalibrar su cooperación antinarcótica. La Casa Blanca ha mantenido una propuesta de asistencia para 2024 de aproximadamente 444 millones de dólares, monto similar al año en curso, buscando apoyo en el Senado, dominado por los demócratas.

Sin embargo, la Cámara de Representantes demuestra reticencia, posponiendo la discusión y manifestando preocupaciones respecto a las políticas de Petro.

El informe del Atlantic Council, elaborado por un grupo asesor binacional, contiene siete recomendaciones para reforzar la cooperación bilateral. Destaca la necesidad de equilibrio entre la reducción del cultivo de coca y la implementación de programas de desarrollo alternativo.

Además, enfatiza en la importancia del desmantelamiento de redes criminales a través de la capacitación intensiva de las fuerzas de seguridad e inteligencia colombianas, combatir el lavado de dinero y adaptar las estrategias de erradicación de la coca teniendo en cuenta la clasificación de los cultivos y no perjudicando a los pequeños productores.

Los puntos de contacto y caminos de acuerdo entre ambos países incluyen la perspectiva de la problemática de las drogas como un tema de salud pública y la lucha contra el lavado de activos relacionado con el narcotráfico, también en el ámbito de las criptomonedas.