Por múltiples ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, y desapariciones forzadas cometidas en el Catatumbo, el Estado pidió perdón a la las víctimas en un acto público llevado a cabo en Ocaña (Norte de Santander).
Se responsabiliza al Ejército Nacional de cometer estos delitos desde 1992 y de intensificarlos entre 2006 y 2008, periodo en el que gobernó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El encuentro con las familias de las víctimas estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina.
En orden, padres, madres, hermanos y demás familiares de tantos seres queridos que fueron asesinados por militares del Ejército, pidieron al Estado colombiano detener la guerra y velar por la no repetición. Una de las personas que se pronunció fue Lis Porras, hermana de Fair Leonardo Porras, un joven en condición de discapacidad, con la mentalidad de un niño de ocho años, que fue torturado y asesinado por integrantes del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en el Norte de Santander.
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“Nosotros, lamentablemente, no perdonamos. Desde que asesinaron a mi hermano hemos venido sufriendo persecución, amenazas y ruptura familiar. Aquí vinimos hace 15 años para poder exhumar el cuerpo de mi hermano. Una exhumación a la que llegaron 24 militares de alto rango, enviados por el señor Álvaro Uribe Vélez, impidiendo que mi madre identificara el cuerpo de mi hermano, al entorpecer la exhumación con sus intimidaciones, razón por la cual nos entregaron un cuerpo incompleto”, relató Lis Porras.
Criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por estar borrando los pequeños logros jurídicos que logró la familia desde la justicia ordinaria. Pues, luego de cinco años de trabajo, fue posible que el caso de Fair Leonardo Porras fuera considerado como un crimen de lesa humanidad y que se contemplara una condena de entre 53 y 54 años de prisión para los responsables del crimen.
Se trata del mayor Marco Wilson Quijano, el teniente Diego Aldair Vargas, el cabo segundo Carlos Manuel González, y los soldados Richard Contreras, Carlos Zapata y Ricardo García. Al parecer, ellos quedaron libres gracias a la JEP. “Solo contribuyen cuando tienen beneficios”, sostuvo la familiar de la víctima.
Asimismo, criticó los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que se han llevado a cabo en diferentes zonas del país. Aseguró que han congregado a las familias de las víctimas en eventos que ayudan a normalizar el hecho de cometer crímenes y después pedir perdón. Además, dijo que se han convertido en una “rutina burocrática”, ordenada por una sentencia que hay que cumplir.
Se dirigió entonces al ministro de Defensa: “La institución que representa se ha caracterizado por el asesinato sistemático de civiles, como así se ha demostrado. Nadie pone en duda que el Ejército colombiano ha violado los derechos humanos, asesinado y torturado a miles de personas inocentes (sic). Señor ministro, ¿de verdad cree que estos hechos tan aberrantes se pueden perdonar?, ¿cree usted que si hubiese sido un hijo suyo, usted perdonaría?”.
Después de otras intervenciones, una familiar de una de las víctimas cedió la palabra a Mónica Rocío Devia Gómez, hermana de Luis Enrique Devia Gómez, que fue asesinado el 14 de junio de 2008 por integrantes de la Brigada Móvil 15. En su discurso, cuestionó el hecho de que su familia no haya sido convocada a participar en el acto público de perdón.
Aseguró que todo se debe a la negligencia de sus apoderados y del sistema judicial, por los que no ha sido posible contar con una sentencia en el caso de su hermano. En este momento, Luis Enrique Devia no es reconocido como víctima, a pesar de que en un auto de la JEP sí se establece la ocurrencia de los hechos, y, por eso, sus seres queridos no fueron invitados y, en esa medida, quedaron “invisibilizados”.