A través de un audio enviado por redes sociales, un grupo del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció el martes 28 de noviembre de 2023 un nuevo paro armado indefinido en Chocó.
Esta situación afecta principalmente a los ríos Cajón, Sipí y San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan, incluidas sus zonas rurales, lugares donde su población no podrá transitar libremente hasta nuevo aviso.
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El día en que fue decretado el paro, en cercanías al corregimiento Puerto Murillo, la Defensoría del Pueblo pudo constatar que se registraron enfrentamientos entre ELN y el Clan del Golfo, que dejaron los techos de algunas viviendas afectadas. El objetivo de las disputas es el control territorial y poblacional de la región.
Ante esta situación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció en una rueda de prensa y dijo que le resulta “incomprensible que anunciado y ya desplazándose las delegaciones a México para el quinto ciclo, se anuncie este paro armado por el frente del ELN”.
Adicionalmente, el titular de la cartera puso en duda la voluntad de concertar la paz de los grupos al margen de la ley que hoy se sientan en las mesas de diálogo con el Gobierno.
“En esto hay una situación que hemos afirmado también en otras oportunidades, lo que tiene que ver con el compromiso real de las organizaciones que están en proceso de negociación, porque con situaciones como esta lo que se ve es, por lo menos, una duda, poner en cuestión, la voluntad real de paz”, afirmó Velásquez.
Defensoría del Pueblo solicitó al ELN levantar paro armado en Chocó
Luego del proceso electoral del 29 de octubre, el Clan del Golfo y el ELN han protagonizado continuos combates. Por ello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, exigió al ELN levantar el paro armado anunciado en el departamento de Chocó, para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades que allí habitan.
“Solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”, dijo Camargo Assis.
Asimismo, insistió para que los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil. “Los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario”, agregó el defensor.
Los afectados con el paro armado en el Chocó
El nuevo paro armado, el sexto del año decretado por el ELN en el departamento, afectaría a más de 80 comunidades étnicas, el equivalente a cerca de 10.000 personas.
“No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz?, ¿con más vulneraciones a los derechos de las comunidades?”, manifestó Camargo Assis.
Un dato adicional que denota la preocupante situación es que Chocó es el departamento con más confinamientos en el país, pues en lo corrido de 2023 se han presentado 125 eventos.
Finalmente, el defensor del Pueblo instó a las autoridades territoriales a prestarles la ayuda humanitaria necesaria a las familias que, una vez más y para proteger su integridad y vida, deben confinarse por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales del departamento.
A la fuerza pública, la entidad garante de los derechos humanos ordenó se adelanten las acciones necesarias para brindar seguridad a los pobladores de la zona con restricción a la libre movilidad.