La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional, que se encarga de las investigaciones contra la minería ilegal en Colombia, ha enfocado sus esfuerzos en cinco zonas del país, donde este delito ha generado mayores afectaciones al medio ambiente: Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Sur de Bolívar; Chocó; Cauca y Nariño; Amazonas, Putumayo y Caquetá; Guanía y frontera con Venezuela.
De todas estas zonas, Nariño y Antioquia han sobresalido para las autoridades, al identificar allí la actividad de cinco de los ‘zares’ de la minería ilegal de oro. Así lo encontró recientemente el diario El Tiempo.
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El primero de esos hombres es Esteban Sánchez Soto, que explotaría oro en la zona conocida como el Triángulo de Telembí, en Nariño, que comprende a los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, usando maquinaria pesada, mercurio y cianuro desde 2017.
Otro sujeto buscado por las autoridades es Andrés Felipe Úsuga Oquendo, que según el medio mencionado, habría sido encomendado por el clan del Golfo para controlar la explotación ilegal de oro, así como los patrullajes, en Ituango, Antioquia. También en ese departamento es buscado Juan Fernando Gutiérrez Builes, quien también habría sido designado por el grupo criminal para controlar la minería en el sureste.
Así mismo, se siguen los pasos de Luis Carlos Berrío Campos, señalado de ser comandante de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del clan del Golfo, que tiene influencia en el occidente de Antioquia. Su papel sería justamente controlar la minería ilegal en esa zona.
Y el último de la lista es Daniel Fernando Uribe Moreno, también señalado de pertenecer a la misma subestructura de Berrío Campos, pero desempeñando el papel de informante o “campanero” para el control de la minería.
La Dicar también le indicó a El Tiempo que en Antioquia hay un alto involucramiento del clan del Golfo en la minería ilegal, al punto de que cuentan con patrulleros que hacen control de cuánto oro se extrae de cada mina semanalmente para así cobrar adecuadamente la extorsión correspondiente a los mineros.
Pero en Buriticá, Caucasia y Nechí ese grupo armado tendría administradores de minas, por lo cual la Dicar está investigando la situación a más profundidad en esos municipios.
Además del clan del Golfo, otros grupos armados organizados obtienen importantes ganancias de la minería ilegal, cobrando a los mineros el 10% de sus ganancias, así como permisos para dejarlos operar las maquinarias y protección a las minas.
Se sabe que el ELN tendría establecidas cuotas de extorsión mensual en Chocó, que incluye protección a las minas y a la maquinaria, y que en el sur del país ocurre la misma situación con las disidencias de las Farc.
Minería ilegal aumentó 8% en Colombia durante 2022
A pesar de los esfuerzos por detener la minería ilegal, este crimen pasó a ocupar 5.139 hectáreas más entre 2021 y 2022. Así lo reveló el estudio “Explotación de oro de aluvión: Evidencias a partir de percepción remota” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Aquel estudio expone que para 2022 las minas ilegales ocupaban 69.123 hectáreas del país, en comparación con las 63.984 hectáreas de 2021, lo cual representó un aumento del 8%.
Según el documento, de 94.733 hectáreas dedicadas a la minería en Colombia, 69.123 son ilegales, lo cual representa el 73% del área total dedicada a esta actividad. Como esta información fue recolectada de forma satelital, no se tienen en cuenta las minas de extracción subterránea, así que la cifra de minería ilegal es aún mayor, pero se desconoce. Además, el 49% de la actividad minera se realiza en áreas protegidas, principalmente de reserva forestal, correspondiente a 45.780 hectáreas.
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