Atendiendo a una petición del Centro Democrático, bancada de oposición en el Congreso de la República que se negaba a avanzar en las discusiones sobre la reforma a la salud pretendida por el Gobierno sin conocer las cifras de sostenibilidad fiscal, el Ministerio de Hacienda finalmente publicó el costo total del proyecto de ley, de hacerse realidad.
La petición del Congreso llegó al punto de que Hernán Cadavid, representante a la Cámara por esa colectividad, radicó una acción de tutela en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que entregara el concepto fiscal de la reforma.
“El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se niega a entregar el concepto de impacto fiscal en la reforma a la salud. Se niega a contestar nuestra solicitud de información. Procedí con acción de tutela a ver si también va a burlarse de la justicia”, afirmó el congresista.
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Como respuesta al reclamo, la cartera de Hacienda publicó este miércoles 29 de noviembre su aval fiscal para el proyecto de ley, en el que reveló que el costo del proyecto ascendería a $929.000 millones de pesos en 2024.
Según las cuentas del Ministerio, los gastos del sector salud alcanzarían los $91,3 billones sin la reforma. Con la reforma, los gastos serían de $92,3 billones. Para ambas situaciones se representa una cifra un poco superior al 5,5% del PIB.
Por otra parte, el balance con reforma mostraría un déficit de $3,2 billones, y sin la reforma es de -$2,3 billones. Eso significa que durante los primeros años el gasto del Estado será superior, pero esa situación cambiaría con la entrada de la vigencia 2036.
“Los costos del corto plazo se incrementan, porque vamos a encontrar un mayor diagnóstico, y en ese mayor diagnóstico mayor necesidad de tratamientos, que en el mediano plazo se van a equilibrar, porque teniendo mayor atención primaria y preventiva, en el mediano plazo se reducen los costos de la mediana y alta complejidad. Ese es el texto central del documento, que muestra que aquí está la mayor ventaja de la reforma a la salud. Que hoy, no hacerlo significa seguir esperando un diagnóstico tardío”, dijo el ministro Bonilla.
La iniciativa también contempla la articulación del sistema al rededor del aseguramiento social con un enfoque basado en la atención primaria en salud. Con eso, la reforma pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.
Para esa atención primaria serán fundamentales los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), cuya construcción costaría $500.000 millones por año, considerando que en el país hay alrededor de 16.000 sedes de baja complejidad que ya funcionan como los CAPS que propone el Gobierno.
Por otro lado, la reforma también establece la creación de becas de matrícula para formación en posgrados de profesionales en salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública que serán otorgadas por el Gobierno nacional, como parte de su política de formación y educación superior en salud. Este gasto, según el Ministerio de Hacienda, le significarán al país anualmente $120.000 millones a partir de 2025.
También se busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias que tendrá un costo de $50.000 millones por año. De tal manera que, según las cuentas del Ministerio, al cabo de diez años se contaría con una reserva de $500.000 millones, un gasto que se proyecta a partir de 2025.
La polémica del artículo 70
El punto del proyecto que más controversia fue el artículo 70, aprobado anoche en la Cámara de Representantes, que está relacionado con el proceso de facturación en el sector salud.
La iniciativa legislativa que los prestadores de servicios de salud deben entregar sus cobros a la Adres, que va a efectuar un abono del 80% en un periodo máximo de 30 días, reservando el 20% restante hasta concluir una auditoría puntual realizada por las Gestoras de Salud y Vida.
Dichas revisiones de la Adres serán esporádicas y motivadas por hallazgos de irregularidades. Respecto a los abonos que aún no hayan sido objeto de auditoría, estos se rectificarán según los hallazgos de las auditorías anteriores en el siguiente ciclo de facturación.