Un trascendental giro en el caso en el que está involucrado el jefe de Seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, se registró el martes 28 de noviembre.
La jueza 79 Penal de Garantías de Bogotá, María de los Ángeles Díaz, determinó que el proceso que se le adelanta no será trasladado a la Justicia Penal Militar, tal y como lo pidió la defensa, sino que seguirá atado a la justicia ordinaria, por lo que no remitirá el expediente.
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Durante la reanudación de la audiencia de imputación de cargos al alto oficial, acusado de haber ordenado de manera irregular la práctica de la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, la togada no accedió a la petición del abogado de la defensa, Marlon Díaz.
El abogado había argumentado que la justicia ordinaria no tenía competencia para continuar con la imputación de los punibles que propuso la Fiscalía General de la Nación en contra de Feria, debido a que su juez natural era la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Razón que no tuvo asidero en la jueza, que acto seguido esgrimió sus razones.
“Esta funcionaria considera que es la competente para conocer de este asunto, en virtud de los presupuestos y lineamientos señalados por la Corte Constitucional”, expresó la togada en la decisión.
Los argumentos que llevaron a rechazar el traslado a la Justicia Penal Militar
De acuerdo con la jueza, no todo comportamiento que se cometa teniendo la calidad de miembro activo de la fuerza pública caerá en conocimiento de la Justicia Penal Militar, toda vez que debe existir una relación directa y específica entre los hechos señalados con el servicio. Lo cual no habría ocurrido en este caso, que involucra al encargado de seguridad del presidente.
Además, manifestó que “de entrada se puede advertir la vulneración al derecho a su intimidad”, en el sentido de que como Meza no era funcionaria ni contratista con el Estado, no debía someterse a este análisis.
“Con todo respeto, pero es que acá es una extralimitación de funciones. Ya toca esa vulneración a derechos fundamentales y es allí cuando, según los criterios de la Corte Constitucional, ya no habría nexos entre conducta delictiva y el servicio”, resaltó.
A su vez, la togada fue enfática en señalar que, debido a que nadie está reclamando la competencia de la Justicia Penal Militar, ella no tiene con que “pelear” el conflicto de jurisdicción, por lo que dio traslado a la Fiscalía para que continúe con la imputación.
En la diligencia judicial estuvieron el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quienes también hacen parte del caso, pues fueron los que llevaron a cabo la prueba a Meza, en el sótano del edificio Luis Carlos Galán Sarmiento de la Casa de Nariño.
Abogado de Marelbys Meza celebró la determinación
En diálogo con Infobae Colombia, que ha seguido de cerca este caso, el abogado penalista Iván Cancino, encargado de la defensa de la exempleada de Sarabia, celebró la determinación de la jueza: que continuará con la diligencia en la que la Fiscalía endilgará a los involucrados los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
“Era lo que en derecho correspondía. Recibimos esta decisión con tranquilidad, poco a poco el proceso avanza y se dejará claro que la policía abusó de Marelbys”, comentó el letrado a esta redacción, luego de ser consultado por la postura de la contraparte.
A su vez, en un pronunciamiento anterior con este medio, Cancino había dejado en claro que tanto Feria como los demás uniformados involucrados en este proceso, abusaron de un poder que “no se puede legitimar sobre ninguna defensa”, pues la prueba del polígrafo practicada a su cliente “no consistió en ningún asunto de defensa nacional”, sino sobre un presunto hurto que ya había sido denunciado.
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