Una familia de Valle del Cauca, cuyos apellidos son Mejía Jaramilllo, fue señalada de ser testaferro de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente, del excomandante Pablo Catatumbo, que hoy funge como senador de la República. Las personas que dieron certeza de esto fueron exintegrantes del grupo armado.
Sin embargo, tiempo después aseguraron que sus declaraciones no eran ciertas y que habían sido presionados por el fiscal José Fernando Barberi, por un sargento del Ejército Nacional y por un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, el fiscal en cuestión también está siendo investigado.
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Uno de los testigos narró los ofrecimientos que supuestamente recibió por parte de los funcionarios para señalar a miembros de la familia Mejía Jaramillo como testaferros de las Farc. “Yo me comprometo con usted y sus compañeros que nos puedan colaborar, tenemos 50 personas detrás de este caso, y son 5.000 millones de pesos que les vamos a dar entre las 50 personas, y les vamos a dar el 50 por ciento para que lo tengan en cuenta, eso sale entre noviembre y diciembre”, explicó el desmovilizado de las Farc en su momento.
No obstante, según conoció Semana, Barberi decidió instaurar una denuncia ante la Fiscalía en contra de Pablo Catatumbo y de los testigos que cambiaron su relato ante las autoridades, debido a que, presuntamente, estarían orquestando un “montaje” en su contra diciendo que fueron presionados y sobornados para crear su versión de los hechos. En el documento al que tuvo acceso el medio, el fiscal argumenta que la familia Mejía Jaramillo sí estaba vinculada con la extinta guerrilla.
Aseguró que el integrante de la familia José de Jesús Mejía Jaramillo, señalado por el ente acusador de ser exintegrante del componente financiero del Bloque Occidental de las extintas Farc, ya había sido condenado por el delito de lavado de activos, con una pena de prisión de cinco años. Además, en el procedimiento de detención, Mejía Jaramillo llevaba en un automóvil de su propiedad al narcotraficante y paramilitar fallecido Víctor Manuel Mejía Múnera, alias el Mellizo, que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia.
En agosto de 2022, el ente investigador adelantó un operativo de extinción de dominio contra bienes, predios y empresas de Mejía Jaramillo y su familia. El valor acumulado de las propiedades superó los 100.000 millones de pesos.
“Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por el CTI en apoyo con el Ejército Nacional en: Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Bolívar y San Andrés Islas. Según la investigación, los bienes, al parecer, fueron obtenidos con dinero producto de tráfico de estupefacientes y demás actividades criminales, desarrolladas por el mencionado bloque (Bloque Occidental) asimismo se constató que los bienes figuran a nombre de Mejía Jaramillo y algunas personas de su círculo familiar. Los activos afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración”, explicó en su momento la fiscal delegada para las finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón Flórez.
Luego de esto, los hermanos Jesús y Socorro Mejía Jaramillo aseguraron en Blu Radio que este procedimiento fue una “tragedia” para la familia y que perdieron bienes que habrían conseguido trabajando “toda la vida”; finalmente, terminaron “en la calle”.
Sin embargo, según sostuvo Pablo Catatumbo en un comunicado, los señalamientos de testaferrato en su contra son un “entrampamiento” y, además, dijo que conoció a José de Jesús Mejía Jaramillo en septiembre de 2022, cuando informó al senador sobre el proceso de extinción de dominio del que, al parecer, estaba siendo víctima.
Con todo esto, el fiscal Barberi también incluyó en la denuncia al presunto testaferro de las Farc. Tanto a él como a Catatumbo y los testigos, los señaló de cometer fraude procesal, injuria, calumnia, falsedad personal y amenazas.
“Pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los señalamientos y amenazas que vengo padeciendo desde 2022 por parte del señor Mejía Jaramillo, su familia y el senador Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo”, dice la denuncia, conocida por Semana.