Diez policías fueron capturados por realizar falsos allanamientos y robar a sus víctimas

La Policía Nacional se vio envuelta en un nuevo escándalo por cuenta de la captura de diez de sus miembros, quienes habrían cometido actos de corrupción en el municipio de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con las unidades judiciales de la Policía Metropolitana de Cúcuta, este grupo de uniformados realizaba falsos allanamientos con el fin de adueñarse de dinero y objetos de valor de las víctimas que posteriormente eran intimidadas para que no denunciaran los hechos.

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De acuerdo con el diario local La Opinión, se conoció de un caso en el que los uniformados adelantaron un allanamiento en el barrio La Parada, de Villa del Rosario, y reportaron que no encontraron a la persona que buscaban, pero habría resultado ser falso, pues, al parecer, recibieron dinero para decir que no hubo ninguna novedad.

Por estos hechos fueron vinculados a la investigación los patrulleros: Deiby Báez Guerrero, Gerson Lindarte Ramírez, Hervin Velandia Vivas, Jairo Martínez Cuadros, Wilmer Forero Torres, Ramón Martínez Becerra, y Paola Becerra. Así mismo están vinculados el subintendente Reinaldo Chaustre y los intendentes Iván López Rangel y Wilson Carrillo Celis.

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional aclaró lo sucedido:

“Los uniformados están inmersos en una investigación judicial desarrollada por la propia institución policial en la capital de Norte de Santander, y que daría cuenta de la comisión de conductas penales, valiéndose de su cargo como integrantes de diversas especialidades”.

Agregó: “De manera paralela a la acción penal, este Comando dispuso el inicio de un proceso disciplinario en contra de los uniformados”.

Los delitos por los que podrán ser judicializados los diez policías capturados son concusión, secuestro simple agravado y falsedad ideológica en documento.

Pero este no es único caso de corrupción y otros delitos cometidos dentro de la Policía Nacional. En lo que va de 2023, el mismo director de la institución, general William Salamanca, señaló que habría cero tolerancia frente actos delictivos cometidos por uniformados.

El 25 de noviembre de 2023 se conoció de la suspensión del cargo de un mayor de la Policía por presuntos nexos con el Clan del Golfo, que garantizaba protección al grupo armado, suministraba información de los operativos policiales que le podrían afectar y facilitaba su movilización por diferentes lugares del país.

La Procuraduría General de la Nación fue la encargada de destituir e inhabilitar por 12 años al mayor en retiro, Héctor Fabio Murillo Rojas, por sostener vínculos con este grupo criminal en el Urabá antioqueño.

El Ministerio Público ratificó que el uniformado era el responsable, entre 2016 y 2017, del equipo de direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes en Antioquia, lugares en los que se estableció el Frente Carlos Vásquez y liderado por varios integrantes, entre ellos Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra.

En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público constató que el uniformado ejecutaba otros actos delictivos con la organización criminal, como suministrarles información de los operativos policiales que les podrían afectar.

Otro sonado caso de corrupción dentro de la Policía Nacional se registró en septiembre, cuando la Fiscalía inició una investigación gracias a que agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) alertaron sobre vínculos entre varios miembros activos de la Policía y una red criminal que presentaba fuentes falsas para recoger las recompensas en la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, en la red criminal están involucrados los mayores Pablo Andrés Uribe; adscrito a Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional; Andrés Felipe Osorio Osorio, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, y el patrullero Elkin José Tovio Casarrubia.

Los uniformados, quienes presuntamente le cobraban a criminales por dejarlos pasar cargamentos de cocaína desde el Caribe hacia el país norteamericano, fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de transportar y sacar del país.