Quitar impuestos para bajar el costo de los combustibles: qué tanto afectaría el presupuesto de la Nación

El aumento en el precio de la gasolina en Colombia ha tenido un impacto significativo en el costo de vida y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se indica que la categoría de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles es la que más ha influido en la inflación anual a octubre, contribuyendo con 2,41 puntos porcentuales.

La situación ha impulsado la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto económico en los consumidores. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes apunta a suprimir el impuesto nacional y el IVA asociados a estos gastos, una medida que pretende aliviar la presión financiera sobre los hogares colombianos.

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Este proyecto legislativo surge en respuesta a las crecientes preocupaciones por el encarecimiento de los servicios básicos y la erosión del poder de compra. Los expertos subrayan la importancia de tales iniciativas para sostener la economía doméstica y estabilizar los precios en medio de una coyuntura económica desafiante.

A pesar de que todavía debe surtir un proceso legislativo para su aprobación, el proyecto de ley ya está generando debate sobre las mejores estrategias para abordar la escalada de precios y su efecto en la economía de los hogares colombianos.

El resultado de esta propuesta podría ser una reducción fiscal de 9 billones de pesos, la cual sugiere la eliminación de varios impuestos sobre la gasolina, de acuerdo con los análisis realizados por Julio César Vera, presidente de Xua Energy, y que habló con Portafolio.

Esta medida impactaría directamente el recaudo de la nación, con un precio promedio de gasolina que actualmente se ubica en $14.564 pesos por galón en las principales ciudades del país.

Los impuestos que constituyen entre el 18% y 20% del costo total por galón de gasolina son cinco: el impuesto nacional, IVA, impuesto al carbono, IVA al distribuidor mayorista y la sobretasa local. De estos, la sobretasa local y el impuesto nacional representan la mayor proporción del costo.

La eventual eliminación de estos gravámenes podría traducirse en una disminución de aproximadamente $2.700 pesos por galón en el precio del combustible.

Se debe tener en cuenta que el consumidor sería quien vería una reducción en el precio de la gasolina, que actualmente oscila en torno al precio que rige en la actualidad para los combustibles. Siguiendo los cálculos presentados por Vera, la supresión de estos impuestos repercutirá significativamente tanto en el precio al consumidor como en el recaudo fiscal del país.

“Desde el punto de vista energético, racionalización en el consumo, fiscal y más hoy en una escenario global de descarbonización y transición energética, sería un error eliminar los impuestos a los combustibles y más pensando en cómo reemplazar fiscalmente a nivel nacional y regional los $9 billones al año que se recaudan por dicho concepto y de los cuales cerca de $3,6 billones corresponden a la sobretasa a los combustible”, señaló el directivo a Portafolio.

Un reciente análisis enfocado en la fiscalidad aplicada a los combustibles revela que, según expertos, el porcentaje de participación impositiva sobre el valor de estos en el país está inferior al promedio observado en naciones de la región con similitudes económicas. Este detalle resalta la naturaleza local y regional del tributo, el cual constituye un elemento clave en la financiación de proyectos en diversas áreas geográficas.

Vera señala la importancia de este tipo de impuestos que buscan compensar el daño social y ambiental generado por el uso de recursos altamente contaminantes. Se argumenta que el impuesto sobre el valor del combustible debería reflejar los costos derivados del deterioro de la infraestructura nacional, siendo las carreteras un ejemplo claro de ello.

Además, el directivo enfatizó que estas cargas fiscales están diseñadas para atender las repercusiones ecológicas y sociales de la utilización de bienes que perjudican el medio ambiente y que imponen una carga sobre las estructuras viales. “que genera deterioro sobre la infraestructura de un país, en este caso las vías principalmente”, subrayó el experto, sugiriendo la necesidad de una revisión para alinear estos impuestos con estándares internacionales más altos.

En resumen, la discusión actual giraría en torno a la necesidad de que la estructura impositiva sobre combustibles en el país sea reevaluada, no solo para proveer a las regiones con financiamiento adecuado sino también para asegurar que refleje de manera efectiva los costos sociales y ambientales que implica el consumo de los mismos.

En el Congreso de la República por medio del mismo proyecto también se está evaluando la eliminación del impuesto sobre el diésel. La iniciativa legislativa busca reducir la carga tributaria que representa actualmente un 15% del costo total para los consumidores de este combustible, según Vera.

A pesar de que el Gobierno ha decidido no incrementar los impuestos sobre el diésel para evitar efectos adversos en la inflación actual de doble dígito, se anticipa que una vez finalice el actual ciclo de alzas en la gasolina, el diésel podría verse afectado.

Además, se discute la posibilidad de emplear el impuesto nacional del Acpm, que es del 2% sobre el precio final, como mecanismo regulador ante fluctuaciones notables en los precios del combustible.

El directivo mencionó que la reforma fiscal de los combustibles podría considerar un ajuste en el impuesto nacional del Acpm para mitigar impactos económicos significativos derivados de variaciones extremas en los precios del mercado. Esta declaración pone en perspectiva las estrategias gubernamentales para equilibrar las necesidades fiscales con la estabilidad de costos en insumos clave como el combustible diésel, esencial para múltiples sectores de la economía.