En carta dirigida a cada uno de los miembros de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, propuso posponer el debate del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro por considerarla inconveniente e inoportuna, en momentos en que está en curso la negociación del aumento del salario mínimo para 2024.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, no es procedente discutir una reforma laboral, presentada el 24 de noviembre en el Congreso de la República, en paralelo a la discusión del incremento del salario mínimo, que inicia el 28 de noviembre.
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Las consecuencias que esta reforma trae en materia de incremento de costos laborales, eliminación del derecho colectivo y la rigidez en la contratación, entre otras, podría ubicar a los empresarios en un difícil escenario con un aumento en sus costos laborales, entre un 30% a 40% para 2024, si se suma el incremento del salario mínimo y los efectos de la reforma laboral.
“Los empresarios se encuentran en una encrucijada como consecuencia de los altos impuestos, la contracción de la economía, las altas tasas de interés y el aumento del costo de vida. Asimismo, el alza del precio de la gasolina, que se viene registrando, y el del diésel y los peajes, que anunció recientemente el Gobierno, afectará sensiblemente la estructura de costos, lo que comprometería la viabilidad de muchas micro, pequeñas y medianas empresas del país y en consecuencia la generación de empleo formal”, afirmó Cabal.
De igual manera, indicó que cualquier decisión en materia del incremento del salario mínimo debe ser cautelosa y ponderada.
Por eso, argumentó que esta debe estar ajustada con base en la inflación y el índice de productividad para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, que cualquier incremento adicional por encima, como ocurrió en los dos últimos años, puede traer efectos inflacionarios en momentos de desaceleración y contracción económica.
“La responsabilidad de cada uno de los congresistas con sus electores y con sus regiones en el trámite de estas reformas, como la laboral, va a ser determinante para el futuro económico, pero también político del país. Los ojos de todos los colombianos siguen con atención los debates y decisiones que se toman en el legislativo”, agregó el dirigente gremial.
Por último, Cabal aseguró que la discusión del salario mínimo en el ámbito de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es un trámite de orden constitucional y legal que, hasta ahora, ha permitido la discusión franca y respetuosa de los asuntos salariales.
“El trámite de una reforma laboral, que no ha sido concertada con el sector productivo, dificultará las negociaciones, generando elementos adicionales a ser tenidos en cuenta por quienes hacen parte de la Comisión”, concluyó el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.
Salario mínimo llegaría al $1.300.000
La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia expuso que la definición del alza del salario mínimo para 2024 ocurre en un contexto económico retador, en especial, en términos de la persistencia inflacionaria que ha restado poder adquisitivo a los hogares.
Recordó que la base técnica usual para la negociación en el ajuste del salario mínimo son la inflación del año en curso y la evolución de la productividad. Con base en esto, dio su proyección, la cual sería por encima de la inflación, dato que será tomado de la cifra interanual del 30 de noviembre y que en octubre cerró en 10,48%.
“A partir de referencias históricas, se puede prever un incremento del salario mínimo para el 2024 en el entorno de 12% y tal que se ubique en, aproximadamente, $1.300.000″, precisó la entidad.
La misma explicó que el ajuste que se defina deberá poner sobre la balanza la recuperación del poder adquisitivo de los hogares y contrarrestar los efectos de segunda ronda, en especial los relacionados con las presiones inflacionarias.
Además, la decisión tendría efectos en las finanzas públicas a raíz del aumento en el pago de la masa salarial del Estado, en un contexto de incertidumbre respecto a las cuentas fiscales para el 2024.
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