Desmantelan red que emitía irregularmente certificaciones para licencias de conducción: tenían propiedades por más de $1.800 millones

La Fiscalía General de la Nación, en una diligencia realizada en colaboración con la Policía Nacional, capturó a siete integrantes de una organización que presuntamente emitía irregularmente certificaciones para obtención de licencias de conducción, a través de un centro de enseñanza automovilística en el municipio de Sogamoso, en Boyacá.

Entre los capturados hay administradores e instructores de la academia, quienes al parecer reportaban como asistentes a personas que nunca acudieron a clases o prácticas presenciales y reconociendo horas de preparación y de estudio que nunca se cumplieron, según dijo el ente acusador.

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Para demostrarlo, la Fiscalía recolectó pruebas de entre 2016 y 2023. Un funcionario de la entidad, Seccional Boyacá, imputó a los detenidos con los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, obtención de documento público falso y fraude procesal.

Si bien a ninguno se le dictó medida de aseguramiento, todos los señalados quedaron vinculados a las investigaciones y deberán afrontar un proceso judicial en el que tendrán la posibilidad de demostrar su inocencia o, por el contrario, se determinará su culpabilidad por hechos recolectados por la Fiscalía.

En un operativo simultáneo a la captura de los sindicados, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión al establecimiento de comercio en el que funcionaba centro de enseñanza automovilística, así como a cuatro inmuebles y doce vehículos supuestamente usados para impartir las clases.

Dichos bienes tienen un avalúo aproximado de 1.800 millones de pesos. Ahora estarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

En otro resultado presentado por la Fiscalía General de la Nación el lunes 27 de noviembre, un hombre identificado como William Vanegas Gallego fue enviado a la cárcel por un juez con función de control de garantías, ante la solicitud presentada por el ente acusador.

La Fiscalía acusó a ese sujeto del delito de extorsión, por presuntamente hacerse pasar como integrante de la columna móvil Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc para exigirle la suma de 10 millones de pesos a un docente y comerciante inmobiliario de Tuluá, Valle del Cauca, para no atentar contra su vida.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Valle del Cauca, junto con personal del Ejército Nacional, capturaron al hoy imputado en flagrancia el 16 de noviembre pasado en vía pública del municipio mencionado, cuando aparentemente recibía el dinero producto de la extorsión.

Al momento de su captura, al sujeto le incautaron una motocicleta, dos teléfonos celulares y un sobre que contenía 10 millones de pesos. Por esos hechos, la Fiscalía lo imputó con los cargos por el delito de extorsión y el juez decidió que debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un ciudadano ecuatoriano ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tras ser solicitado en extradición por supuestos abusos sexuales a su prima de ocho años. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2017 y junio de 2019, en el condado de Hudson, Nueva Jersey (Estados Unidos).

El extranjero fue localizado en Ipiales (Nariño) por investigadores del CTI, en colaboración con la DIJIN – Interpol de la Policía Nacional y Migración Colombia, en respuesta a una notificación roja de Interpol que solicitaba su ubicación, retención y captura para extradición.

Un tribunal de Nueva Jersey requiere al individuo para que responda en juicio por el delito de agresión sexual en segundo grado a una víctima menor de 13 años. Según la petición internacional, el ciudadano extranjero habría sometido a la víctima de manera sistemática en la vivienda en la que residían junto a otros familiares.

El individuo había sido arrestado y compareció inicialmente ante un juez; sin embargo, pagó una fianza para quedar en libertad y huyó de Estados Unidos para evadir la justicia.

Funcionarios del CTI y la DIJIN le siguieron la pista. Determinaron que llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá y tomó un vuelo con destino a El Salvador. En ese país, las autoridades migratorias le negaron el ingreso y lo deportaron a Colombia. Al llegar nuevamente a Bogotá, escapó y se trasladó por vía terrestre a la frontera con Ecuador, donde finalmente fue ubicado.

Este resultado es parte del Acuerdo de Cooperación y Ubicación de Fugitivos Internacionales entre la Fiscalía y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía realizará las comunicaciones pertinentes a la espera de que sea formalizado el pedido de extradición por parte de Estados Unidos.