El anuncio de Cruz Verde de dejar de suministrar medicamentos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud a Sanitas ha generado preocupación, incertidumbre y extrañeza en pacientes y entidades. La cadena aseguró que la EPS adeuda 400.000 millones de pesos y que, por eso, dejaría de prestar el servicio.
Y, aunque ya hay un nuevo proveedor de reemplazo, la farmacéutica Audifarma, para el Ministerio de Salud y Protección Social quedan dudas sobre el manejo de los recursos por parte de Sanitas, que al parecer le ha impedido cumplir con sus obligaciones. Desde la cartera han manifestado que la EPS no solo ha recibido 7,8 billones de pesos, sino que es una de las entidades promotoras de salud a la que más de le giran recursos en el país.
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Por eso, el Ministerio de Salud pidió a la Contraloría General de la República que se levante el velo corporativo y se haga una auditoría forense a la entidad, pero la solicitud fue rechazada. No obstante, los constantes señalamientos en contra de la EPS causaron disgusto entre los trabajadores vinculados a ella y decidieron convocar a una marcha.
En redes sociales, empleados de la entidad promueven su apoyo hacia la entidad con el eslogan “Yo soy EPS Sanitas. Todos somos EPS Sanitas” e invitan usuarios, demás trabajadores y ciudadanos a manifestarse. La cita está pactada para el lunes 27 de noviembre a las 6:00 p. m. y se invita a llevar una linterna y una prenda blanca, para protestar de manera pacífica.
El rechazo de la Contraloría
El Ministerio de Salud duda sobre la transparencia en el manejo de los recursos de Sanitas y por eso intentó que se le hiciera una auditoría. Esto, teniendo en cuenta que, según la cartera, la entidad no solo le debe a Cruz Verde, sino también al 27% de las clínicas y hospitales con las que está vinculada.
“Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades, a dónde van a parar los efectivos, quién es el que se está beneficiando en última instancia y solicitar, por supuesto, a la Superintendencia, la certificación para realizar giro directo por parte del Adres por el no cumplimiento del patrimonio adecuado”, explicó en rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Contraloría rechazó la petición porque el levantamiento de velo corporativo solo se ejecuta cuando hay procesos de seguridad fiscal y este no es el caso. De acuerdo con el contralor General de la Nación (e) Carlos Mario Zuluaga se están llevando a cabo procesos de investigación sobre el giro de recursos y reservas técnicas de las EPS y se espera tener un informe completo en noviembre.
No obstante, de acuerdo con el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, las EPS reciben 81 billones de pesos por parte del Estado para que presten los servicios de salud, pero ese dinero no tiene ningún control más allá de las mismas entidades promotoras. En ese sentido, ante la ausencia de vigilancia, se requeriría de una auditoría para verificar la administración de los recursos.
Con todo esto, desde Sanitas argumentaron que han buscado reunirse con el Ministerio de Salud y no ha sido posible. Además, aseguraron que en momentos anteriores han tenido que rendir cuentas ante otras entidades que los han vigilado.
“En nuestros 28 años de existencia como EPS hemos sido auditados en innumerables ocasiones por varias entidades de control y el resultado ha sido satisfactorio, pero también hemos sido auditados por nuestros usuarios, quienes nos han ubicado en los más elevados ranking de desempeño en los últimos años y quienes han demostrado su satisfacción con nuestro modelo de gestión”, dijo el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, en un comunicado.
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