Ministro de Justicia confirma recorte presupuestal en la rama judicial y se compromete a mitigar los impactos

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó durante un conversatorio en Cali que se llevará a cabo un recorte presupuestal en la rama judicial del país para el 2024, lo que confirma el anuncio previo del presidente Gustavo Petro.

“Entiendo que todo recorte es doloroso y puede frustrar planes, pero pondré todo lo que esté a mi alcance para que esos recortes afecten lo menos posible al poder judicial”, aseguró el ministro Osuna, destacando su compromiso con la preservación de la integridad y el funcionamiento adecuado de la justicia en medio de este ajuste presupuestal que implica un recorte de, según Petro, 6,5 billones de pesos para el 2024.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El anuncio de Petro había generado reacciones por parte de magistrados colombianos que alegaban que un recorte presupuestal podría dificultar las funciones de la justicia en Colombia, violando así la separación de poderes. Fue el caso del magistrado Fernando Castillo, quien calificó de “inaceptable” esta propuesta que sería ya una decisión.

Castillo alertó en los Premios Excelencia en la Justicia de la Universidad Javeriana sobre la importancia de la independencia de la justicia como un principio rector de las democracias liberales, señaló que este principio actúa como una barrera fundamental contra el despotismo y el autoritarismo.

Ante las inquietudes expresadas por los presidentes de las altas cortes, el ministro Osuna afirmó que este recorte es necesario debido a la proyección de una disminución en la tributación para el próximo año. El recorte afectará a diversas ramas del poder público en Colombia, generando preocupaciones sobre posibles impactos en el funcionamiento de la Rama Judicial.

Sin embargo, el ministro de Justicia se comprometió a mitigar al máximo los efectos adversos de esta medida en el desempeño de la rama judicial. Durante el conversatorio, Osuna expresó su determinación de emplear todos los recursos disponibles para garantizar que el recorte sea lo menos traumático posible y no obstaculice significativamente los planes y programas de la Rama Judicial.

Al mismo tiempo y después de este anunció, Osuna publicó en su cuenta de X otros de los retos que enfrenta la justicia en los próximos años: “El país necesita más justicia: más jueces rigurosos, despachos donde nunca los ha habido, tecnología y eficiencia, mejor acceso para todos”. Agregó también que celebraba la creación de los primeros juzgados agrarios y rurales.

El 17 de noviembre, la Corte Constitucional emitió un fallo que marcó un cambio significativo en el presupuesto de la nación para el 2024. La decisión echó para atrás el artículo 19 de la reforma tributaria de Petro, la Ley 2277 de 2022, que fue aprobada en el congreso el año pasado. Este artículo específico de la reforma impedía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las industrias extractivas.

En términos sencillos, la anulación de este artículo implica que se levanta la restricción que limitaba la capacidad de las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales para reducir el impuesto de renta que deben abonar al Estado. La deducción se basa en las regalías que cada compañía paga como parte de sus actividades productivas.

El presidente Gustavo Petro advirtió que esta decisión abrirá un hueco fiscal billonario en el presupuesto de 2024. Además, Petro expresó en su cuenta de X su desacuerdo con la resolución y había señalado que ahora le correspondía al ministro de Hacienda “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público” como medida para hacer frente a las consecuencias de este fallo.

La Corte Constitucional justificó su decisión en los principios de equidad tributaria, consignados en la Constitución Política de 1991. Los magistrados llevaron a cabo un análisis de sentencias anteriores que trataban sobre la autorización o prohibición de deducir costos específicos y las condiciones asociadas a dicha deducción. A raíz de este examen, llegaron a la conclusión de que, si bien el Congreso tiene la competencia para realizar modificaciones en este ámbito, esta facultad está sujeta a límites, por lo que no será incluido dicho artículo en la reforma tributaria.