Intensificación de la violencia por control de narcotráfico y minería ilegal al sur de Bolívar

En las últimas 24 horas, el sur de Bolívar ha sido testigo de una movilización por parte de las autoridades y las Fuerzas Militares para hacer frente a la creciente violencia perpetrada por grupos armados organizados. La llegada del general Helder Fernan Giraldo Bonilla y la cúpula militar a Santa Rosa del Sur marca un esfuerzo conjunto para evaluar y abordar las operaciones en curso contra facciones como la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, el ELN y la Estructura 37 de las disidencias de las Farc.

Las tropas desplegadas en la región han obtenido resultados notables, capturando a cuatro miembros del Clan del Golfo, destruyendo 21 artefactos explosivos, localizando y eliminando cuatro campamentos y cinco laboratorios de procesamiento de pasta base de coca, según lo informó las Fuerzas Militares de Colombia en su cuenta oficial de X.

Además, se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones.

La violencia en el sur de Bolívar se ha intensificado debido a la lucha por el control de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros. La subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, el ELN bajo la dirección de alias Casinga y la Estructura 37 de las disidencias de las Farc encabezada por alias Guaraca han desatado ataques contra comunidades, desplazando a cientos de familias y confinando a otros por el temor impuesto por estos grupos.

La disputa por 13 minas de oro, que generan enormes ganancias semanales, ha llevado a alianzas y enfrentamientos entre facciones como alias Jaime Guaraca del frente 37 de las disidencias de las Farc y Mauricio Casinga del ELN, unidos contra el Clan del Golfo. La inteligencia militar revela un corredor que facilita la extracción del oro hacia Norte de Santander y luego a territorio venezolano, donde se vende a precios exorbitantes. Este conflicto también se nutre del aumento de los cultivos de coca en los últimos cinco años.

Los pobladores, a pesar del aumento de la presencia militar, expresan frustración ante la aparente indiferencia del Estado, según lo registra Cambio.

Líderes de la zona aseguran que las acciones gubernamentales se centran en combatir la minería ilegal y erradicar cultivos ilícitos, pero demandan inversiones en salud, educación y desarrollo vial. La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército refleja la necesidad de contrarrestar la complejidad del conflicto, pero los líderes locales insisten en que se sienten abandonados.

“Los puestos de salud, las escuelas, las carreteras, en su mayoría, han sido construidas y sostenidas por las mismas comunidades. Si en una vereda se requiere un maestro para que le dicte clase a los menores, es la misma comunidad la que tiene que pagarle, alimentarlo y darle vivienda”, registra el medio ya antes nombrado.

Ante la emergencia humanitaria, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha solicitado una reunión urgente de los organismos de control para abordar la difícil situación. En un informe, denuncia el confinamiento de habitantes y el desplazamiento forzado. El mensaje resonó, llevando al comandante de las Fuerzas Militares a anunciar la llegada de unidades de fuerzas especiales para adelantar operaciones de seguridad.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra de los actos de violencia en los que, además de cobrar la vida de personas de los diferentes bandos involucrados, afectan directamente la vida de civiles que han quedado a merced del fuego cruzado.

“Rechazamos los graves hechos de violencia y combates entre grupos armados al margen de la ley que generan crisis humanitaria y violación a los DDHH de la población civil en zona rural de los municipios de Arenal, Morales, Montecristo y Santa Rosa, en el Sur de Bolívar”, se mencionó en su cuenta oficial de X.