Fiscalía imputó nuevo cargo al agente de la Sijín Alfonso Quinchanegua, vinculado a las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al agente de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, vinculado a la investigación por las interceptaciones ilegales realizadas a tres personas, entre ellas a Marelbys Meza Buelvas, exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

En esta oportunidad, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó un nuevo delito. Se trata de falsedad material en documento público, cargo que el intendente no aceptó.

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Los elementos de prueba recolectados indican que el intendente habría ordenado a un patrullero modificar y adicionar algunos apartes de la entrevista que dio Marelbys Meza, con ocasión de la pérdida de un dinero en la vivienda Laura Sarabia, el 29 de enero de 2023.

En ese sentido, se incluyó en el informe que la exempleada tomó un servicio de transporte particular luego de culminar su jornada laboral el día en el que se extravió el dinero. Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada a un conductor de plataformas virtuales de transporte.

La investigación da cuenta de que Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente. La entrevista alterada hizo parte del informe de policía judicial presentado a la fiscal, que ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados.

Esta nuevo delito por cual fue imputado Quinchanegua se suma a los otros cargos de fraude procesal y falso testimonio, los cuales tampoco aceptó.

El agente de la Sijin fue acusado de haber influido en dos fiscales y dos jueces para obtener la autorización de interceptar ilegalmente a Marelbys Meza y Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia.

Por estos hechos fueron enviados a la cárcel tres agentes de la Policía: Quinchanegua, Jhon Fredi Morales Cárdenas y Carlos Andrés Correa. La patrullera Dana Alejandra Canizales, también involucrada en las chuzadas a Marelbys Meza, fue dejada en libertad, pero bajo condiciones.

En el caso de las irregularidades que se cometieron en la búsqueda del dinero extraviado de la exjefe de Gabinete Laura Sarabia, la defensa del coronel Carlos Feria, jefe de Seguridad de la Presidencia de la República, solicitó que su caso sea llevado por la Justicia Penal Militar.

Esta solicitud la hizo el abogado de Feria, Marlon Díaz, durante la audiencia de juicio en contra del miembro de la Policía por presuntamente haber ordenado la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza.

“La defensa le debe manifestar que la presente audiencia no se puede llevar a cabo porque la jurisdicción ordinaria no es la competente para adelantar la presente investigación, sino que lo es la justicia penal militar”, aseguró el jurista.

Su argumento lo justificó señalando que la fiscal 2203 de conocimiento especializado de la Fiscalía Penal Militar y Policial tiene una radicación por los mismo hechos. “Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes existentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente”.

Para que Feria pueda ser procesado por la Justicia Penal Militar, deberá evaluarse que las actuaciones que adelantó por los hechos se hayan cumplido como parte de su servicio activo y en relación con el mismo.

“Mi poderdante no solamente es miembro activo de la fuerza pública sino que estaba en ejercicio de sus funciones, además misionales, en la jefatura para la Protección Presidencial y el nexo de causalidad entre esa condición y justamente las actividades relacionadas con el servicio”, sostuvo Díaz en la audiencia de imputación de Carlos Ferias.