Reforma a la salud: experto explica en Infobae cuáles son las principales diferencias entre las agremiaciones médicas y el Gobierno

Tras el envío de una la carta por parte de 16 gremios médicos al presidente Gustavo Petro para tratar temas referentes a la reforma a la salud, ha quedado la incertidumbre de cuáles pueden ser las observaciones y reparos que estas asociaciones tienen con el proyecto legislativo que avanza en el Congreso de la República.

Infobae se contactó con el experto en temas de administración en salud, Enrique Peñaloza Quintero, que también se desempeña como investigador del Instituto de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana.

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El pasado 20 de noviembre, un grupo de agremiaciones médicas, a través de una misiva enviada al presidente Gustavo Petro, solicitó una reunión con el mandatario para entregar “aportes y observaciones” referentes a la reforma a la salud, en vista de algunas posibles discrepancias por parte del sector médico, desde una óptica académica e independiente, según se expresó en la carta.

Aunque no se ha conocido si, efectivamente, la reunión se efectuó, el experto consultado brindó algunas luces para entender los reparos de las asociaciones médicas con respecto a la reforma a la salud.

El experto afirmó que para el gremio de la salud existen algunos temas álgidos, principalmente vinculados a la función y estructura del sistema de salud en el país, de modo que el debate debe centrarse en tres ejes fundamentales: en la afiliación a las EPS, la distribución de recursos financieros para infraestructura hospitalaria y Atención Primaria en Salud (APS). en el sector y la descentralización de servicios.

“Yo creo que los temas controversiales tienen que ver con el rol de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb), o sea, nuestras EPS, y sobre todo, el tema que tiene que ver con la función que ellos van a tener frente a las personas en cuanto a la afiliación”, sostuvo Peñaloza Quintero.

De acuerdo con el experto, las discusiones girarían en torno a cómo se realizará la afiliación de los usuarios a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), si será directamente a través de ellas o serían canalizadas por medio de las instituciones que prestan servicios de salud, como los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) propuestos por el Gobierno.

Otro de los puntos de la agenda sería la propuesta de examinar la creación de subcuentas específicas dentro de las asignaciones presupuestarias, en aras de fortalecer tanto la infraestructura de los hospitales como el soporte para la Atención Primaria en Salud.

La discusión, en términos del académico, se daría alrededor de “si es conveniente o no a generar una subcuenta al interior de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tiene que ver con crear una cuenta para desarrollar la infraestructura hospitalaria o crear una cuenta para desarrollar todo lo que tiene que ver con APS”, como indicó el experto.

Además, se considerará la pertinencia o no de la descentralización de la gestión sanitaria a niveles territoriales más cercanos a la ciudadanía. “Otro tema que tiene que ver es la descentralización de la Adres. ¿Qué tan conveniente es llevarlo a unos espacios territoriales?”, cuestionó el investigador.

Este punto suscitaría preocupación debido al riesgo de influencia política regional sobre las decisiones y nombramientos en el sector salud. El experto indicó que, en definitiva, no es “contraproducente” acercar los servicios de prestación de salud en ciertas regiones, en un “ámbito más cercano”, pero surge la posibilidad de uqe los prestadores de los servicios sean presa de “politiqueros de las regiones, porque tienen mucho poder frente a las ambiciones de puestos que se puedan generar alrededor de estas dinámicas”.

También hay una mirada crítica sobre la suficiencia de financiamiento para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Peñaloza Quintero advirtió que uno de los temas que más genera afán en las agremiaciones de salud está relacionado con los riesgos de una reforma que no asegure un incremento significativo de medios económicos y, por ende, podría considerarse insuficiente desde su concepción.

“Una reforma que no genere una adición importante en términos de recursos es una reforma que uno podría denominar fallida desde el comienzo”, aseveró el experto consultado.