Contraloría pidió al Gobierno definir un mecanismo que garantice la sostenibilidad fiscal de la transición energética

El vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, expresó la preocupación del ente de control a su cargo por la afectación que en el mediano plazo va a tener en las finanzas públicas la política de transición energética que impulsa el Gobierno nacional.

Pese a que el funcionario indicó que la Contraloría reconoce la importancia de generar toda una dinámica de protección de los recursos, de vigilar el mecanismo más apropiado para conservar aquellas áreas donde sí o sí no se deben realizar intervenciones, también señaló que es necesario revisar esa política en el mediano y en el largo plazo, y cómo afecta las finanzas del Estado.

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Según Zuluaga, se han incorporado $83 billones anuales al Presupuesto General de la Nación, producto de la explotación y exploración de los hidrocarburos.

Y agregó: “Si vamos a suspender esas actividades hacia el futuro, en el mediano plazo, no hoy, pero en 5, en 8 años, se verían los impactos de no tener más licencias de exploración, más licencias de explotación, y esto significa una reducción considerable en los ingresos de la Nación, y es también una preocupación que la Contraloría General tiene que plantear en la discusión frente a las decisiones que el alto gobierno tome”.

Además, dejó claro que la entidad de control fiscal ha respetado las posturas que ha tenido el Gobierno frente a la transición energética, pero también se le ha llamado respetuosamente a que plantee cuál es el mecanismo de conversión de ingresos de recursos en la matriz del marco fiscal de mediano y largo plazo.

De esta forma, la Contraloría pidió al Gobierno que estabilice las finanzas de la nación y se analice cómo el modelo de provisión energética que produce recursos se reemplaza por otro tipo de actividades que sean sostenibles en el tiempo.

En el foro Páramos y Cambio Climático, convocado a propósito de la conmemoración de los 100 años de existencia de la Contraloría General de la República, fue presentado un estudio desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual determinó una baja ejecución de las transferencias del sector eléctrico para la conservación de los páramos del país y particularmente por parte de Parques Nacionales Naturales.

De acuerdo con la Contraloría, a junio del 2023, de $13.000 millones apropiados, su ejecución es solo de $844 millones, equivalentes a un 6,5%.

El informe de la DIARI destaca, a nivel general, que desde el 2019 hasta junio del 2023 se han apropiado $17.000 millones por concepto de transferencias del sector eléctrico, de los cuales únicamente se han ejecutado $4.000 millones, lo que indica un porcentaje de ejecución del 26% desde la aprobación de la Ley 1930 del 2018, reglamentada en junio de 2021, y “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”.

Un dato relevante es que, durante el período 2021 a 2023, se le han asignado al páramo El Duende-Cerro Plateado, más de $8.000 millones, de los cuales solo se ha ejecutado el 46%, es decir, 3.900 millones.

Según el vicecontralor en funciones de contralor General, falta una Política Pública sobre la Gestión Integral de los Páramos en Colombia “que defina y delimite responsabilidades, que integre y alinee interinstitucional e intersectorialmente competencias, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, tanto en el orden territorial como nacional, así como la participación de los particulares y sociedad civil en lo que corresponda. La sola expedición de la Ley 1930 de 2018 no reemplaza los elementos integradores y esenciales de una política pública”, dijo Carlos Mario Zuluaga.