Claman a Gustavo Petro por protección para las comunidades de Putumayo ante avance de grupos armados

Los criminales imponen restricciones severas, forzando al desplazamiento de menores y poniendo en riesgo prácticas culturales esenciales

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La lucha entre disidentes de las Farc-EP y los Comandos de Frontera agrava la situación en Putumayo - crédito Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/página web
La lucha entre disidentes de las Farc-EP y los Comandos de Frontera agrava la situación en Putumayo - crédito Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/página web

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la organización Wola, que se encarga de velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió acciones inmediatas para solucionar la difícil situación que están viviendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Puerto Asís, Putumayo.

De acuerdo con la misiva, en la región de Putumayo se está viviendo una escalada del conflicto armado que enfrenta al Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc-EP y a los Comandos de Frontera Segunda Marquetalia por el control del territorio y las rutas de narcotráfico de la zona.

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Esta situación ha provocado que, hasta noviembre de 2023, más de 1.100 familias hayan resultado afectadas, según las cifras oficiales disponibles sobre el conflicto en esta región. Asimismo, desde mediados de septiembre, cientos de familias indígenas, afrodescendientes y campesinas han sido “confinadas por la fuerza”, enfrentando graves restricciones para llevar a cabo sus actividades diarias y acceder a sus medios de vida, atención médica o educación.

“Las comunidades han experimentado el cierre de escuelas, servicios de salud y servicios de transporte fluvial y terrestre por disposición de los actores armados”, se lee en la carta.

Por estas restricciones, las comunidades indígenas se han visto obligadas a dejar de practicar sus actividades espirituales y de gobierno propio, pues la guardia indígena enfrenta graves amenazas de seguridad.

Más de 1.000 familias en Putumayo padecen las consecuencias del conflicto por el control territorial y narcotráfico - crédito Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/página web
Más de 1.000 familias en Putumayo padecen las consecuencias del conflicto por el control territorial y narcotráfico - crédito Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/página web

Sin embargo, para los jóvenes que residen en el sector, la crisis ha sido aún más grave, ya que los ha obligado a evacuar para evitar convertirse en actores de la guerra mediante el reclutamiento forzado. De hecho, según la misiva, 13 niños indígenas se desplazaron con su comunidad sin el acompañamiento de sus padres, quedando bajo el cuidado comunitario.

El problema, según Wola, radica en que la respuesta por parte del Estado no ha sido suficiente para evitar que las comunidades se vean afectadas por el flagelo de la guerra. Grupos armados han ocupado instalaciones comunales e incluso han usurpado alimentos y bienes comunitarios.

Estos hechos han llevado a que “las comunidades de la zona y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan han realizado un llamado urgente al Estado colombiano y al presidente Gustavo Petro a tomar medidas inmediatas, integrales y sostenidas para salvaguardar las vidas y los derechos de las comunidades locales, y garantizar la seguridad de defensores de los derechos humanos, incluida la Defensora de DDHH y miembro de Amazon Frontlines, abg. Lina María Espinosa, quien enfrenta amenazas de muerte emitidas por actores armados”.

¿Qué le piden a Gustavo Petro?

En la carta, Wola solicita al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, “tomar medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas en el municipio de Puerto Asís”, pero sin dejar de lado a otras comunidades como Siona de Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Piñuña Blanco). Sobre estas, la misiva recordó que la Corte Constitucional alertó sobre un riesgo de exterminio físico y cultural.

La segunda solicitud es “defender activamente la libertad y la seguridad de los defensores de derechos”, por lo que pidieron que se trabaje de manera conjunta con los gobiernos de la región para evitar más muertes.

Por último, en la carta piden que el Gobierno nacional trabaje de la mano con las comunidades de la zona para apoyar los sistemas de gobierno propio, la guardia indígena y los proyectos de vida y desarrollo comunitario.

“Sin la presencia activa y eficaz del Estado para garantizar los derechos, no puede haber paz en los territorios. En este momento, los territorios del sur del Putumayo no ven paz ni presencia estatal; solo ven la presencia de guerra y actores armados que luchan por rutas estratégicas del narcotráfico”
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