El presidente Gustavo Petro estaría por firmar un decreto en el que se ordena a la Policía Nacional proteger a servidores públicos específicos debido a que su trabajo ha significado amenazas y acciones de violencia en su contra. El documento, conocido por Blu Radio, indica que los uniformados conformarán esquemas de seguridad para funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, así como para magistrados de las salas de justicia, fiscales ante las salas y secciones y el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“La Policía Nacional asignará los hombres y mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de Protección (UNP), de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que la entidad correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario no cuente con los medios o partidas presupuestales necesarias”, explica el decreto, en el parágrafo 2.
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No obstante, el decreto precisa que tanto la Policía Nacional como la UNP deberán prestar servicios de protección únicamente en los casos en los que se evidencie que las entidades responsables de los funcionarios en riesgo han buscado garantizar su seguridad mediante todos los mecanismos internos idóneos y disponibles. Con las medidas agotadas y la persistencia de los peligros, los uniformados y funcionarios de la UNP podrán ejercer labores de protección.
Lo establecido en el documento surge, en parte, como respuesta a una solicitud de la JEP enviada al Ministerio del Interior en la que pide reforzar la seguridad de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto, los fiscales ante las Salas y Secciones y el Secretario Ejecutivo.
La petición resalta la necesidad de dar importancia al caso del magistrado de la JEP Alejandro Ramelli y del magistrado auxiliar de la misma corporación Hugo Escobar, que fueron amenazados por medio de un mensaje de WhatsApp. Ambos han estado trabajando en el esclarecimiento de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”.
El mensaje intimidante conocido por El Espectador dice: “A partir de la fecha ustedes se les declara objetivo militar, ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado gracias a la oportuna información que les está suministrando el sapo hijueputa de Levis Contreras”.
Esta última persona es un soldado profesional que ha brindado información muy importante para hallar fosas comunes en el cementerio Las Mercedes, ubicado en el municipio de Dadeiba (Antioquia). Además de esta amenaza, el magistrado Ramelli recibió en su casa una corona fúnebre.
Estos hechos “dan cuenta de afectaciones a la seguridad que se asocian a la movilidad de dicho magistrado al Caso 03, lo que hace urgente reforzar los equipos que protegen a las Salas de Justicia, a los fiscales ante Sala y al secretario Ejecutivo”, señaló la JEP en la solicitud, citada en el decreto al que tuvo acceso Blu Radio.
La JEP atribuyó las mencionadas acciones a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo. Sin embargo, este grupo paramilitar negó estar detrás de cualquiera de las amenazas contra los magistrados.
“Las autodefensas Gaitanistas de Colombia y sus Frentes no afectan la institucionalidad, ni mucho menos la importante labor de los miembros de la Rama Judicial del Poder público, al contrario, tratamos de ayudar en lo que esté a nuestro alcance y manifestamos que estas imputaciones carecen de todo validez”, aseguró la organización paramilitar en un comunicado.
El decreto en cuestión también cobija a magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que, al igual que la JEP, esta entidad pidió que reciban protección debido a los riesgos que implican sus cargos y responsabilidades.