En la tarde del domingo 19 de noviembre, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, envió al Congreso de la República y a las altas cortes del país una carta con una serie de propuestas para enfrentar el panorama de la inseguridad en la capital del Atlántico, gracias a una ‘reforma a la justicia’ que elimine la detención domiciliaria y que toda persona que porte un arma ilegal sea enviada a la cárcel.
“No contamos con suficientes jueces penales, fiscales e investigadores para imputar, condenar y encarcelar a los delincuentes. De hecho, un juez penal en Barranquilla llega a acumular en su despacho hasta seiscientos casos simultáneamente”, comentó el mandatario.
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Además, dijo que el objetivo de la propuesta es brindar instrumentos a los jueces y fiscales para capturar a quienes cometan delitos: ‘’Los colombianos y los barranquilleros quieren caminar por las calles en paz, quieren sentir que pueden hablar por celular sin que alguien de manera violenta se los robe, quieren sentir que pueden abrir un negocio sin que los extorsionen y que los bandidos que terminan condenados en la cárcel no podrán seguir delinquiendo en ellas (...)’’.
Para el mandatario, la estructura carcelaria y penitenciaria en la capital del Atlántico es insuficiente para cubrir la demanda de cupos, pero la solución estaría en las manos del Congreso de la República y la rama judicial, a quienes solicitó debatir sobre la lucha contra la inseguridad.
Puntos centrales de la propuesta
- Implementar un proceso judicial para quien porte armas de fuego ilegalmente o cometa un crimen violento con ellas.
- Eliminar la alternativa de casa por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y enviarlos a una cárcel para detención preventiva mientras inicia su juicio.
- Construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y reduzcan los costos de manutención del Estado.
- Revisar los presupuestos de la Rama Judicial y de la Fiscalía para que existan suficientes fiscales y jueces penales buscando una justicia sin colapsos. Este debe ser acompañado de mejores herramientas de seguimiento y una simplificación de los procesos burocráticos.
- Reformar o liquidar el Inpec y, en este caso, que la Policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios.
- Aumentar la inversión de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en materia de inteligencia.
Panorama de la delincuencia en Barranquilla
Datos entregados por la Policía Nacional con corte al mes de julio revelan que en el distrito de Barranquilla y su área metropolitana se registraron 356 homicidios, 900 casos de extorsión, 759 hurtos a residencia, 1679 hurtos de motocicletas y 317 hurtos de automóviles, cifras que son más altas que los datos registrados el año anterior.
Por lo que la procuradora Margarita Cabello, lo hizo en la mesa de Seguimiento, Seguridad y convivencia ciudadana en la zona para estudiar acciones y soluciones para mejorar la seguridad en diferentes sectores, y responder a una Política de seguridad, que debe ejecutarse articuladamente en los territorios y combatir la delincuencia y la criminalidad.
“Encontramos que, las acciones de cada una de las entidades ofrecen resultados cuando ocurre un acto de criminalidad grande, se mueven todas las instituciones, operan, pero luego vuelve y se descansa, como si se olvidara nuevamente la situación” señaló Cabello Blanco.
Cabello, mencionó que la inseguridad se salió de control y ha desbordado las capacidades de los mandatarios en las regiones, por lo que es necesario incorporar a las autoridades nacionales, para implementar nuevas estrategias ante la ola de violencia, la presencia de bandas ilegales, el aumento de delitos como extorsión, usurpación de tierras y homicidios en Colombia.
Reiteró, que la inseguridad afecta a la sociedad, poniendo no solo en riesgo la integridad física y emocional de la ciudadanía, sino que debilita el desarrollo económico, la confianza en las instituciones y limita las oportunidades de crecimiento y progreso de las regiones.
Durante la jornada la Procuradora enfatizó la crítica situación de hacinamiento en las cárceles de Barranquilla, e hizo un llamado tanto al Inpec como a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que, tomen acciones frente a los contratos en las obras de mantenimiento y construcción en las cárceles La Modelo y El Bosque y en la cárcel de Sabanalarga.