Ministra de Educación defiende las reformas que se avecinan en este sector

Sin ser uno de los proyectos que menos polémica ha desatado en el país, la reforma a la educación es una de las políticas más ambiciosas del actual gobierno colombiano. La primera reforma ya fue radicada en septiembre de 2023 y pretende que la educación sea un derecho fundamental, y otra aún está en construcción y que busca modificar la ley de educación superior.

Una de las metas propuestas en la reforma a la educación será reducir las brechas sociales existentes en la calidad de la educación preescolar, básica y media de las zonas rurales y las instituciones oficiales. La funcionaria, en una entrevista para el diario El Colombiano, hizo el balance que se ha hecho de las deliberaciones relacionadas con la reforma de la Ley 30.

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Al ser abordada por el proceso de elaboración que tiene esta reforma, la ministra comentó que el sector de educación va a disponer de un presupuesto que va a superar los $70 billones y a su vez va a blindar a las escuelas, los procesos de calidad de cada escuela y el Programa Alimentación Escolar (PAE) para que más niños, niñas y jóvenes tengan más posibilidades de alimentarse en las escuelas.

Otro de los aspectos que resaltó la funcionaria es la financiación de las instituciones de educación superior. “Queremos determinar si la Ley 30 es el indicador y la fórmula que se usa para calcular la manera en que se obtienen los recursos estas instituciones, saber si es suficiente o hay que cambiarla. Como gobierno no hemos querido generar debate en este tema, lo que pretendemos es fortalecer el cálculo del Índice de costos de educación superior en Colombia”.

Entendiendo que las nuevas generaciones se ven urgidas a la hora de buscar carreras, certificaciones o programas técnicos que les permitan encontrar proyecto de su vida, pero que también les permitan vincularse rápido al mundo laboral.

Este ministerio ha identificado que los profesores también son una necesidad dentro de las reformas educativas que se planean ejecutar, de acuerdo con la ministra, uno de los reclamos más presentes en la educación tiene que ver con los profesores de cátedra, que solo de manera ocasional ofrecen sus servicios, ellos exigen una contratación formal. Una medida que implicaría un impacto fiscal considerable, pero también en la disposición jerárquica de las instituciones de educación superior, y allí se tendrá que lograr un acuerdo.

Para Vergara, lo principal será conectar este indicador con los estudiantes, quienes tienen la mayor presencia en las instituciones, porque al final son ellos quienes son el centro de esta discusión. Aunque no hay una fecha definida para su presentación, todo dependerá de las mesas de deliberación de esos diálogos de educación superior. Se estima que una vez esté listo este sector, el Gobierno nacional estará preparado para radicarla como una ley ordinaria en el Congreso.

Uno de los temores colectivos a nivel social sobre la reforma educativa es si se perdería el modelo de educación mixto, algo que para Aurora Vergara no es cierto; “la preocupación que tienen en el sector es que no se estén asignando los recursos a instituciones vía programa Ser Pilo Paga o Generación E. El sistema mixto es el conjunto de todas las instituciones del sector, oficiales y no oficiales.

“Desde el Gobierno nacional no se ha hecho ninguna declaración sobre no continuar fortaleciendo a las instituciones no oficiales. Cuando decimos que vamos a fortalecer las instituciones oficiales, su contraposición no es el debilitamiento ni el marchitamiento de las universidades no oficiales, sino abrir la puerta para que instituciones como las oficiales puedan seguir teniendo muchísima más en presencia en zonas rurales”, enfatizó la ministra de esta cartera para el medio citado previamente.

Uno de los avances que se llevarían a cabo en caso de la aprobación del proyecto de reforma educativa sería la gratuidad, puesto que se está avanzando en la reforma el sistema general de participaciones, que es el que proceso que permite la financiación de las escuelas, y por consiguiente financiar a todo el sistema de preescolar, básica y media.

Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia propuso el proyecto de bonos escolares, un modelo benéfico que ya se ha implementado en países como Chile, pero que abrió la posibilidad de que la educación sea con ánimo de lucro, una medida que para Colombia tiene unos riesgos grandes. La ministra recomienda que se genere un debate sano y con evidencias numéricas y así decidir si es el mejor camino para el país en este momento.