El expresidente Álvaro Uribe emprendió una defensa pública a través de redes sociales luego de que se conociera que el exparamilitar Salvatore Mancuso lo mencionó en un aparte sobre la masacre de El Aro. El jefe del Centro Democrático ha buscado desestimar el aparte de la confesión del excomandante del bloque Catatumbo, el procedimiento de la JEP e incluso atacó a su sucesor en el Gobierno Juan Manuel Santos.
Mancuso aseguró ante la JEP que Pedro Juan Moreno propuso “la operación” que derivó en la masacre de El Aro. Señaló que asistía a las reuniones a nombre del gobernador, Uribe Vélez, por lo que este “siempre tuvo conocimiento” de la incursión paramilitar que se realizó en 1997 en ese corregimiento de Ituango y dejó 12 personas muertas.
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A raíz de las afirmaciones hechas por el excomandante del bloque Catatumbo de las AUC en una audiencia reservada ante la JEP, que habría derivado en su aceptación como compareciente de esa jurisdicción, el expresidente Uribe emprendió una campaña para desmentirlo públicamente.
En medio de su contradicción pública de la versión, el exmandatario también arremetió en contra de Juan Manuel Santos, jefe del Gobierno que creó la JEP como parte del acuerdo final de paz con la guerrilla de las Farc, firmado en 2016, que custodia y será la encargada ahora de verificar la veracidad de lo dicho por Mancuso.
“Dos personajes y una entidad: Santos: creador de JEP, violó el plebiscito. Bajo cuerda lo consideran el coordinador de los aportes de Odebrecht a su campaña. Que es el COLOMBIAN OFICIAL #3. Díganlo, no basta Bajo Cuerda. Mancuso: 5 mil asesinatos, asesinaba a sus compañeros como a Castaño. Lo extraditamos. JEP: actor político para impunidades y persecuciones selectivas”, escribió el expresidente.
Uribe Vélez apeló nuevamente a su argumento para considerar ilegítimo el tribunal de paz por haber ganado el no en el plebiscito al proceso de paz. Aun cuando la Corte Constitucional ratificó la ley estatutaria, discutida en el Congreso, que entregó el marco jurídico para la JEP.
Además, para cuestionar al Gobierno que firmó la paz con las Farc, el exmandatario reiteró una de las dudas que persiste en contra de su campaña electoral: la financiación que habría entregado la multinacional corrupta Odebrecht. Incluso lo acusó de ser el Colombian Official #3.
Este último es el nombre anónimo que le dio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a un alto funcionario del Gobierno Santos, que habría estado durante toda la administración y quien, según la resolución de procesamiento diferido que firmó Corficolombiana y el Grupo Aval con las autoridades estadounidenses, recibió un soborno de 3,4 millones de dólares.
Corficolombiana, para evitar que se continuara la investigación penal y la sanción al grupo por parte de la Bolsa de Valores, acordó pagar una multa de 80 millones de dólares. En su aceptación de los hechos atribuidos incluyó ese soborno, así como otros, pagados a altos funcionarios del Estado con el fin de conseguir el contrato de la Ruta del Sol II que obtuvo en un consorcio con Odebrecht.
Ese soborno no ha sido investigado por la justicia colombiana y, en los Estados Unidos no se reveló la entidad del alto funcionario que lo recibió. Por lo pronto, en la nueva imputación de la Fiscalía, no se incluyeron nombres en ese sentido, sino funcionarios de menores rangos.
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana condenado por los sobornos y contra quien hay una nueva imputación, señaló en una entrevista con Cambio que no conocía al funcionario mencionado, pero sostuvo que debía ser alguna persona con poder de decisión en los contratos y la campaña, por lo que dijo que podría ser el mismo Santos, la jefa de gabinete María Lorena Gutiérrez o el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.