Privación de la libertad para subintendente de la policía que pedía dinero a capturados para conseguirles prisión domiciliaria

Gracias a las acciones investigativas de las autoridades se logró capturar e imponer medida de aseguramiento en contra de un subintendente de la Policía Nacional acusado de haber sido corrupto cuando ejercía como un patrullero de una estación de un municipio de Antioquia.

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Se trata de Orlando Javier Serpa Gómez, quien fue imputado por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia por el delito de concusión. De acuerdo con el juez con funciones de control de garantías la medida de aseguramiento en contra de Serpa es por su actuación en el 2022 en la estación de Policía de Caucasia.

Desde el ente acusador funcionarios informaron que el entonces patrullero habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de determinado precio: “Serpa Gómez le habría exigido dinero a los familiares de dos personas que estaban privadas de la libertad en una estación de policía de Caucasia (Antioquia), a cambio de conseguirles el beneficio de la detención domiciliaria”.

Agentes de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron determinar que, en agosto de 2022, un procesado habría efectuado un depósito de 2.000.000 de pesos en la cuenta personal del entonces patrullero, en busca del beneficio jurídico para el interno. De manera similar, se detectó que la familia de otro recluso también había entregado un monto parecido a Serpa Gómez, con el fin de obtener los mismos privilegios penitenciarios.

El uniformado señalado que fue capturado mientras se encontraba en el municipio de San José de la Montaña en Antioquia ejerciendo su labor como subintendente decidió no allanarse al cargo de concusión.

Vale aclarar que en el territorio nacional los funcionarios públicos acusados de concusión enfrentan penas de 8 a 15 años de cárcel, según el Código Penal. Este delito ocurre cuando empleados estatales abusan de su autoridad para solicitar beneficios económicos indebidos, ya sea para ellos mismos o terceros. Estas acciones indebidas, que implican exigir pagos arbitrarios por realizar funciones oficiales, son punibles con prisión y no admiten alternativas como el arresto domiciliario.

La concusión se diferencia de otros crímenes asociados con la corrupción, como el peculado y el cohecho. Mientras que el peculado involucra la apropiación indebida de bienes o fondos estatales por parte de servidores públicos, el cohecho se centra en el soborno, donde se paga a funcionarios para influir en sus decisiones o para que omitan actuaciones propias de su cargo, como el no cobrar una multa. La concusión, por su parte, está caracterizada por la demanda directa de beneficios económicos a cambio de la realización de actos inherentes al cargo público.

El patrullero Henry David Clemente fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de tortura agravada y privación ilegal de la libertad en un caso ocurrido en julio de 2020 cuando Davidson Vargas fue brutalmente agredido tras colarse en el sistema de transporte Transmilenio.

En el proceso judicial, se estableció que Clemente colaboró con otros dos policías, Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, quienes fueron sentenciados a 10 años de cárcel. El patrullero facilitó y posteriormente ignoró los abusos que estos infligieron sobre Vargas, incluyendo intentos de quemarlo con un encendedor, lo cual fue captado en un video con el teléfono de la víctima y que se hizo viral. Este video fue parte esencial del material probatorio. Clemente negó su participación, alegando que simplemente detuvo a Vargas al ser acusado de robo, sin embargo, su colaboración en el crimen fue confirmada.

La defensa de Clemente ha presentado una apelación, que actualmente está siendo analizada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. El caso ha resaltado la violencia policial en Colombia y el uso de pruebas digitales en procesos judiciales.