Álvaro Uribe continúa defendiéndose de las acusaciones de Mancuso ante la JEP: publicó dos documentos que emitió como gobernador

En una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante su mandato como gobernador de Antioquia, tenía pleno conocimiento de la operación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que desencadenó la masacre de El Aro en 1997.

En respuesta a estas acusaciones, el expresidente Uribe utilizó su cuenta de la red social X para calificar a Mancuso como un “bandido” y arremeter contra la validez del tribunal de paz.

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Enseguida y en la misma plataforma, Uribe compartió dos comunicados de la Gobernación de Antioquia datados en los meses de julio y agosto de 1997, periodo en el que él ocupaba el cargo de gobernador.

El primer comunicado, según Uribe, consiste en una “Denuncia Penal ante la Fiscalía por supuesta actividad conjunta de Fuerza Pública y paramilitares en Ituango”. El segundo, añadió, es un “Informe de la verificación” solicitado al general Ospina tras el anuncio de la presunta presencia paramilitar en el municipio mencionado.

Las publicaciones de Uribe buscan desmentir las afirmaciones de Mancuso y respaldar la idea de que, durante su gestión como gobernador, tomó medidas concretas para denunciar y abordar la presencia de grupos paramilitares en la región.

Con fecha del 25 de agosto de 1997, Álvaro Uribe Vélez afirma en el documento que la periodista Margarita María Tobón, del informativo Antioquia, le comunica que “un equipo periodístico de ese noticiero fue retenido en el municipio de Ituango por integrantes de grupos paramilitares”.

Según cita el mismo documento, uno de los integrantes del grupo armado le había confesado a los periodistas que sus operaciones ilegales se realizan “de la mano del Ejército”. Al finalizar la misiva, Álvaro Uribe pide realizar la correspondiente investigación.

Desde diciembre de 1996, el Defensor del Pueblo de la época Álvaro González, junto al párroco y a Jesús María Valle acordaron la “neutralidad activa” en Ituango. El pacto buscaba un rechazo equitativo de la población hacia guerrilla y paramilitares, lo que se pensaba sería un paso clave hacia la paz.

Estas acciones, dice el expresidente Uribe, son evidencia de que efectivamente en su Gobierno sí se hizo seguimiento a la amenaza paramilitar en la zona. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no coincide con ello.

Según narra el reporte de la Cidh, en junio de 1996 cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar se dirigieron al corregimiento de La Granja, Ituango, donde asesinaron a un grupo de pobladores. A pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

Más de un año después, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo lugar otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro. 30 hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores. Adicionalmente el grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado robado durante varios días.

Finalmente, antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas.

Ante la denuncia del presidente de Derechos Humanos en Antioquia Jesús María Valle sobre militares que se transportaban junto con miembros de grupos paramilitares a mediados de 1996, cuando fueron atacados por un grupo guerrillero, Uribe solicitó al general Carlos Ospina de la cuarta brigada asistir presencialmente a la zona para comprobar dicha afirmación.

“El general Ospina acaba de informar a la Gobernación de Antioquia que confirmó que las denuncias carecen de fundamento”, menciona el comunicado. Además se lee que los reportes del hospital indicaban que “los heridos fueron soldados, el conductor y un cotero ampliamente reconocido en el municipio”.

La Cidh cita en el registro de la masacre que el Estado había sido cómplice en los actos de tortura y asesinato de pobladores.

En declaraciones a W Radio, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, dijo que le confirmó a la JEP que la operación de las AUC que resultó en la masacre de El Aro masacre comenzó a gestarse en 1996. Mancuso afirmó que fue enviado por el general (r) Iván Ramírez para “coordinar todo” por solicitud de Pedro Juan Moreno, a quien describió como un mensajero del entonces gobernador Álvaro Uribe.

Mancuso detalló que, como parte de la preparación de la operación paramilitar en los corregimientos de El Aro y La Granja, se reunió con el general (r) Alfonso Manosalva, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en 1996.

Pero Mancuso no es el único que se ha referido al tema. De acuerdo con una investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, contó en 2008 que el propio Álvaro Uribe Vélez había dicho en entrevista radial que un paramilitar mencionó que Uribe “había felicitado y condecorado a quienes participaron en la masacre de El Aro”.

Poco después, Villalba se presentó ante la Fiscalía y dijo que el entonces Gobernador de Antioquia, “Álvaro Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana (...), a la cual fue invitado por el propio Carlos Castaño”.

Incluso, investigaciones de las CCJ sugieren que esta masacre tenía como objetivo rescatar a ocho personas que estaban secuestradas por la extinta guerrilla de las Farc, que hacía presencia en la zona. “Supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”, mencionó Villalba.